La Audiencia de Sevilla ya ha notificado a Carlos Estévez, en su día máximo responsable de las Minas de Riotinto, que oficialmente está en busca y captura como paso previo a su entrada en la cárcel para cumplir la condena de quince meses que la Sección Primera le impuso el 7 de febrero de 2018 por su gestión en la explotación onubense. El mandato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se dictó el pasado 2 de febrero, después de que Estévez desobedeciera los múltiples requerimientos judiciales para ingresar en prisión, pero su abogado presentó un recurso de súplica contra ese auto. Ese recurso fue desestimado en otro auto firmado por los jueces el 1 de marzo. Por los jueces pero no por la letrada judicial de la Sección, que está en huelga. Como la resolución no era firme y no podía ser detenido, Estévez incluso se personó el pasado lunes en el Palacio de Justicia para ser juzgado por otra Sección, la Tercera, por una supuesta estafa también vinculada a la mina. La noticia es que dos días después, el miércoles 8, con la huelga de los antiguos secretarios judiciales aún en marcha, la letrada de la Sección Primera al fin firmó el auto.

A la salida del Palacio de Justicia después de que el juicio del lunes se suspendiese precisamente por ese paro, el abogado de Estévez aseguraba que su cliente no estaba en busca y captura porque había abonado los 320.127,56 euros con que debía indemnizar a la empresa suiza Shorthorn. Eso era una verdad a medias: pagó la indemnización, pero no los intereses. La Sección Primera, en ese auto del 1 de marzo que no admite “recurso alguno”, así lo confirma después de calificar las alegaciones de Estévez como “irrelevantes”.

Desde que el Tribunal Supremo hizo firme la sentencia, el 6 de noviembre de 2019, “el penado ha sido requerido en varias ocasiones para el abono de la indemnización a que fue condenado”, recuerda la Audiencia. “Ha abonado el principal y queda pendiente de abono de los intereses legales”, añade. Ante ese “impago de la totalidad de la responsabilidad civil”, Estévez fue requerido para ingresar de modo “voluntario” en un centro penitenciario. Al no hacer caso, el 2 de febrero se acordó su busca y captura. Más de un mes después, esa resolución es firme. “Debe procederse al cumplimiento efectivo de la pena”, remata la Sala.