Una operación coordinada por la Guardia Civil de Huelva influye en la prohibición de las narcolanchas por el Gobierno portugués

La investigación Sonder-Rampa, coordinada desde la Unidad Orgánica de Policía Judicial e Información de la Comandancia de Huelva junto a la Guarda Nacional Republicana lusa, desarticuló este pasado verano la mayor red de fabricación y botadura de embarcaciones semirrígidas en la península ibérica y ha llevado a Lisboa a endurecer la ley contra este tipo de embarcaciones

Huelva involucrada de nuevo en el centro de una operación contra el narcotráfico a nivel nacional

Operación de la Guardia Civil de Huelva contra la principal estructura narcologísitica de la península.
Operación de la Guardia Civil de Huelva contra la principal estructura narcologísitica de la península. / M.G.

El Parlamento portugués aprobó el pasado 30 de septiembre un proyecto de ley que obliga a identificar todas las lanchas rápidas de más de cuatro metros e introduce penas de prisión de hasta cuatro años por su construcción, importación o uso sin autorización, según han informado recientemente medios lusos. El nuevo marco legal busca atajar el narcotráfico en las costas del país, donde desde 2020 se ha detectado un incremento en la utilización de este tipo de embarcaciones por parte de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

La decisión llega apenas tres meses después de la operación SONDER-RAMPA, desarrollada entre el 7 y el 11 de julio pasados, y coordinada en España por la Unidad Orgánica de Policía Judicial e Información de la Guardia Civil de Huelva. Según publicó Huelva Información entonces, se trató de una investigación de tres años en la que fueron detenidas 49 personas, 32 en Portugal y 17 en España, y que permitió la incautación de más de siete toneladas de hachís, 650 kilos de cocaína y material logístico valorado en más de 36 millones de euros.

La red desmantelada estaba considerada la principal organización dedicada a la fabricación y botadura de embarcaciones semirrígidas de gran velocidad para el narcotráfico en la península ibérica. Fuentes de la lucha contra el narcotráfico en Huelva señalan que la operación permitió intervenir un gran número de embarcaciones, motores y equipos, evidenciando la magnitud del problema en el país vecino.

Durante el debate parlamentario, la ministra de Justicia de Portugal, Rita Alarcão Júdice, advirtió del "cambio de rutas del narcotráfico hacia la costa portuguesa" y subrayó el aumento de incautaciones de lanchas rápidas en los últimos años. La nueva ley introduce además sanciones de hasta 100.000 euros para colectivos y 25.000 euros para particulares que incumplan las restricciones, lo que sitúa a Portugal en un marco normativo similar al español.

La operación SONDER-RAMPA también puso de relieve la profesionalización de las organizaciones criminales, capaces de botar hasta tres embarcaciones en una misma noche y de emplear sistemas electrónicos para eludir los radares. Según fuentes de la investigación, la coordinación entre la Guardia Civil y la GNR permitió interceptar seis operativas de introducción de droga en España a través del río Tajo, lo que resultó clave para obtener la información que culminó en la gran redada de julio.

Para la provincia de Huelva, el operativo tuvo un papel especialmente relevante: la mitad de los registros practicados en España se llevaron a cabo en municipios onubenses. La ubicación estratégica de la provincia, cercana a la desembocadura del Guadiana y al Golfo de Cádiz, convierte este territorio en un punto crítico para las organizaciones dedicadas al tráfico de hachís y cocaína desde el norte de Marruecos.

La nueva legislación portuguesa puede tener un impacto directo en la presión que soporta la costa onubense. Si Lisboa consigue cortar la producción de estas embarcaciones en su territorio, las redes podrían verse obligadas a buscar nuevas rutas o métodos logísticos.

Fuentes de la lucha contra el narcotráfico en Huelva recuerdan insistentemente que la cooperación internacional es imprescindible en la lucha contra estas organizaciones, que operan sin fronteras. El resultado de SONDER-RAMPA y la posterior decisión del Gobierno portugués muestran cómo la presión policial coordinada puede derivar en cambios legislativos de gran calado, cerrando espacios de impunidad que durante años aprovecharon los clanes.

La prohibición de las narcolanchas por parte de Lisboa supone por tanto un paso más en el cerco a las estructuras logísticas del narcotráfico en la península ibérica. Para la Guardia Civil de Huelva, que coordinó las actuaciones en territorio español, se trata de un reconocimiento indirecto al esfuerzo de años de investigación y a la importancia de la colaboración con las fuerzas de seguridad lusas.

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