El 75% de los ayuntamientos de la provincia de Huelva todavía no tiene sus PGOUs adaptados plenamente a la LOUA, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y “siguen inmersos en una maraña de leyes”. Así lo señaló la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, "quien reivindicó la necesidad de aprobar la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) con la que se pretende acabar con la inseguridad jurídica de la normativa actual, que sufren en primera persona numerosos ayuntamientos". 

Marifrán Carazo realizó estas afirmaciones en su respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Popular sobre planificación urbanística en Andalucía, y en la que puso de manifiesto el fracaso de la LOUA, una ley que “aprobada en el año 2002, tenía como objetivo que todos los municipios andaluces contaran con Plan General de Ordenación Urbanística adaptado a la Ley".

La consejera resaltó que esta situación ha sido provocada por “la maraña de leyes vinculadas al Urbanismo y a la Ordenación del Territorio que solo han servido para frenar las expectativas de desarrollo de los municipios”. “Todo ello, ha dado lugar a una importante conflictividad judicial, con una cascada de planes generales anulados por motivos formales o de fondo. El Puerto de Santa María, Chiclana, Marbella, o Jaén o Almería son sólo un ejemplo. Casi 500 PGOU han sido anulados por los tribunales o se han visto afectados por los errores legislativos que en materia de medio ambiente se cometieron en la pasada legislatura, de tal forma que deben volver a iniciar su tramitación”, subrayó.

Ante esta situación, recalcó la necesidad y urgencia de aprobar cuanto antes la nueva ley, que aglutina la norma de urbanismo y ordenación del territorio y “simplifica la normativa para que aporte seguridad jurídica”. Al respecto, hizo hincapié en que "son muchos los alcaldes que han manifestado compartir los objetivos del Gobierno andaluz de agilizar y reducir los plazos de tramitación para que los planes generales se aprueben en dos años y medio y no en diez años de media como ocurre ahora".

Esa necesidad de agilizar trámites queda reflejado en el inicio de las casi 60 mesas de trabajo que se han constituido con los ayuntamientos andaluces para que los técnicos de la Junta de Andalucía asesoren y resuelvan dudas que puedan tener en la elaboración de las normas urbanísticas. Estas mesas técnico-jurídicas se pusieron en marcha con el propósito de garantizar la buena praxis administrativa y, de paso, promover la colaboración entre administraciones desde el principio del proceso. En el caso de la provincia de Huelva, hay cinco ayuntamientos que se han acogido a estos grupos de trabajo: Huelva, Bollullos par del Condado, Sanlúcar de Guadiana, Calañas y Almonaster La Real.