La mayoría de los pueblos carece de plan contra incendios

Sólo un 29 por ciento de los 578 municipios ubicados en zonas de peligro de incendio en Andalucía cuenta con un Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales (Pleif) actualizado para esta temporada. Este instrumento es obligatorio para municipios con estas características según lo previsto en la Ley 5/1999 de 20 de junio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales. Según los datos del Defensor del Pueblo, por provincias, son Sevilla, con 47 municipios en zonas de riesgo, Cádiz, con 33 y Jaén con 66, las únicas que han implantado todos sus Pleif correspondientes; mientras que en Huelva y Almería son las provincias en las que más municipios obligados por norma no cuenta con este instrumento.

Según los datos recogidos por Europa Press, actualmente, 169 municipios andaluces cuentan con planes de emergencia revisados y actualizados, mientras que 360 se encuentran aún en fase de tramitación o revisión y el resto, 49, no ha iniciado ninguna actuación al respecto, a pesar de que tendrían que haberse adaptado a la normativa desde el año 2002.

Los Planes Locales de Incendios Forestales son una medida preventiva y de dotación de medios, que los ayuntamientos con terrenos forestales están obligados a redactar y revisar cada cuatro años, según recoge la Ley.

La función básica del plan es la de organizar la estructura organizativa y los mecanismos de intervención ante un incendio forestal, así como identificar los puntos de mayor riesgo de incendios, establecer los mecanismos de comunicación a la población y recogen los recursos humanos y materiales disponibles ante una posible emergencia.

Para favorecer la redacción y puesta en marcha de estos instrumentos obligatorios en la lucha contra el fuego en la comunidad, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha dispuesto a ocho técnicos, uno por provincia, para asesorar los ayuntamientos e incluso llevar a cabo su redacción cuando la localidad no cuenta con los medios suficientes.

Hay que recordar que en 2009, la Cámara de Cuentas de Andalucía instó a los ayuntamientos a elaborar sus planes de emergencia, así como registros o censos de empresas, núcleos de población aislados, urbanizaciones o instalaciones que tengan la obligaciones de presentar los planes de autoprotección.