Llega a los tribunales la seguridad de las balsas de la mina de Riotinto

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Huelva ha celebrado este martes una vista judicial contra dos autorizaciones para la mina de Atalaya Riotinto Minera, otorgadas por la Junta de Andalucía, una para el recrecimiento de sus depósitos de lodos y otra para la puesta en marcha de la planta de metales de alta pureza E-LIX .

La vista se enmarca en el procedimiento que se sigue a instancias de Ecologistas en Acción Huelva que, según ha informado en un comunicado, impugnó la modificación de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de abril de 2023, que permite elevar los muros de las macrobalsas de lodos tóxicos Cobre y Aguzadera hasta la cota 417.

Según han señalado, esto supone añadir 161 millones de toneladas de residuos mineros a una infraestructura que ya alberga 180 millones de metros cúbicos desde finales del siglo pasado.

Durante la vista, expertos internacionales como el profesor estadounidense Steven Emerman y técnicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) han expuesto sus advertencias sobre "graves defectos constructivos" y el riesgo de rotura por fenómenos de licuefacción o inundación. Los peritos señalan la ausencia de sistemas de drenaje adecuados y la necesidad urgente de espesar los lodos para reducir el volumen de agua en las balsas, que actualmente ocupan más de 500 hectáreas .

Paralelamente, el juicio aborda la "opacidad" en torno a la planta E-LIX, ya que la organización considera que se vulneraron los derechos de participación ciudadana al declararse "secreto industrial" datos críticos sobre emisiones atmosféricas, vertidos y consumo de agua.

Ecologistas en Acción ha subrayado la "sospechosa" celeridad con la que se otorgó esta confidencialidad en agosto de 2022, tras el relevo en la Delegación Territorial de Huelva.

Los activistas han denunciado además la "falta de transparencia" de la Junta de Andalucía y han advertido que pese a las recientes lluvias y la detección de filtraciones hacia la cuenca del río Odiel , la administración no ha facilitado información sobre la Comisión de Expertos de seguridad minera ni sobre las garantías financieras de la empresa para responder ante posibles desastres.