La Ley de Memoria Histórica determina la colaboración de las administraciones públicas con los particulares para la localización e identificación de las víctimas y prevé la elaboración de mapas en que consten los terrenos donde se localicen restos de personas desaparecidas violentamente durante la guerra civil o la represión política posterior, que se pondrán a disposición de los descendientes y familiares interesados en conocer el paraderos de la represaliados.

La nueva normativa contempla que las áreas incluidas en los mapas serán objeto de especial preservación por parte de sus titulares y que las administraciones públicas deberán autorizar las tareas de prospección encaminada a la localidad de los restos, así como el procedimiento y las condiciones en que los descendientes puedan recuperar los restos enterrados en fosas para su identificación y eventual traslado a otro lugar.

Sobre el acceso a los terrenos se determina la ocupación de los mismos. En caso de que fueran de titularidad privada, los descendientes o las organizaciones que asuman su realización deberán solicitar el consentimiento de los titulares de derechos afectados sobre los terrenos que se hallen los restos. Si no obtuviesen dicho permiso, las administraciones podrán autorizar la ocupación temporal.

Tras la denuncia presentada, el Juzgado de La Palma deberá resolver la demanda presentada por la asociación y si deben realizarse las catas y si procede la exhumación de los restos y el traslado al cementerio. Así, podría producirse la ocupación temporal de los terrenos donde supuestamente se encuentra la fosa, una zona verde y dotacional que tras la reparcelación del Plan Parcial ha pasado a manos del Ayuntamiento, que por el momento no se ha pronunciado sobre la polémica que se ha desatado. Otra cosa bien distinta es el complejo de viviendas que está construyendo la empresa Palma Plaza y que se encuentra situada a varias decenas de metros de la fosa y fuera del área del antiguo cementerio. Fuentes de la constructora han dejado claro que la promoción de 250 viviendas, de las cuales ya ha vendido una buena parte, no afectada para nada al enterramiento y que no se está construyendo encima del mismo.