El juez inhabilita a Jurado durante siete años por prevaricación

El titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Ayamonte condenó ayer por prevaricación al que fuera concejal y teniente de alcalde de Urbanismo de Lepe entre 2003 y 2007, el andalucista José Manuel Jurado, a siete años de inhabilitación para ejercer dicho cargo -lo que no le impedirá poder ostentar cualquier otro cargo con responsabilidad política- y al pago de una multa de seis euros diarios durante ocho meses -un total de 1.440 euros-, según informaron a este diario fuentes de la Fiscalía onubense.

El propio acusado reconoció ayer que ignoró 76 denuncias interpuestas desde 2004 por varios vecinos de la calle Rubalcaba de Lepe, donde se ubicaba el pub Avalon, por la emisión de ruido muy por encima de los valores dispuestos por la normativa a pesar de que no fue hasta julio de 2006 cuando dicho local obtuvo la licencia requerida a los establecimientos con música. Ni los insistentes atestados de la Policía Local lograron convencer a Jurado, que sólo inició un expediente administrativo sancionador contra los titulares de la explotación afectada el 25 de octubre de 2006, y del que no resultó multa alguna.

La contaminación acústica provocó a uno de los vecinos del bar, según el Ministerio Fiscal, "ansiedad, ira e impotencia", mientras que otra de las perjudicadas sufrió "lesiones consistentes en trastorno adaptativo, reacción mixta de ansiedad y depresión" que ha requerido tratamiento psiquiátrico y farmacológico.

Pese a que el fiscal había solicitado dos años de cárcel para el ex concejal y tres años de prisión y multa de más de 6.000 euros para cada uno de los tres socios del local por un delito contra el Medio Ambiente y de lesiones, ayer hubo conformidad en cuanto a la calificación de los hechos y se produjo una sensible rebaja de las condenas.

Ni siquiera llegó a celebrarse la vista que estaba prevista gracias al acuerdo formal entre las partes, que evitó además a Jurado ingresar en prisión. Los acusados abonaron los 10.000 euros de indemnización que exigían los denunciantes, con lo que se les aplicó el atenuante de reparación del daño.

Finalmente, se retiró la acusación que pesaba sobre uno de los tres socios imputados, al considerarse que era "socio administrativo pero no participaba en las decisiones empresariales", señaló la Fiscalía. Para los otros dos, Juan Manuel Gómez Sánchez y Juan Alberto Fernández González, el titular del Instrucción 3 de Ayamonte determinó una pena de cinco meses y nueve días de prisión, así como una multa de seis euros diarios durante seis meses y un día (1.086 euros) y la inhabilitación durante nueve meses y un día para dirigir cafeterías u otros establecimientos hosteleros de similar índole.

El ex concejal lepero de Urbanismo, José Manuel Jurado, indicó ayer a Efe que este procedimiento judicial le ha producido "sufrimiento", lo que demuestra "la fragilidad de la vida política". El edil condenado aseguró además que este asunto, liquidado cinco años después de dejar la política, "hace que esté aún más desengañado de todo esto, porque me llevé cuatro años ayudando a la gente y haciendo una labor en planeamiento, proyectos de obras u otorgando 4.000 licencias, pero esto prueba la debilidad que siempre tiene un político, sobre todo en Urbanismo".

El ex concejal restó importancia a la inhabilitación dictada por el juez, "porque sólo me impide ser edil de Urbanismo, y curiosamente podría ser concejal e incluso alcalde, o tener cualquier responsabilidad política". Jurado manifestó ayer que "lo que nadie sabe es el daño que me ha hecho este asunto en mi vida personal -es profesor en la Universidad de Huelva- y que la política, lejos de ayudarme en algo, al final ha sido un freno en mi vida personal y laboral, pero si algo he aprendido es que ahora voy a volcarme en la Universidad y a no preocuparme por cosas que antes me quitaban el sueño y no me han aportado nada".