IU pide incorporar el cambio climático a la ordenación territorial de la Costa de Huelva

Izquierda Unida ha advertido de que la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) tendrá una incidencia directa en la provincia de Huelva, al afectar de lleno a algunos de los principales retos estructurales del territorio onubense: la gestión del agua, la protección del litoral, el modelo energético, el acceso a la vivienda, la despoblación rural y la defensa del suelo agrario y del paisaje.

La formación ha presentado un conjunto de alegaciones al documento actualmente en información pública con el objetivo de reforzar su carácter vinculante y garantizar un modelo de desarrollo equilibrado, justo y sostenible, especialmente en provincias vulnerables como Huelva.

Uno de los ámbitos con mayor impacto en la provincia es la ordenación de las energías renovables. IU considera imprescindible que el POTA establezca criterios territoriales claros para frenar la implantación desordenada de grandes plantas fotovoltaicas y de biogás sobre suelos agrícolas de alto valor, "una situación que ya se está produciendo en comarcas como el Andévalo, el Condado o la Campiña". Las alegaciones apuestan por priorizar el autoconsumo, las comunidades energéticas y el uso de suelos degradados, evitando un modelo extractivo que ocupa territorio sin retorno social suficiente.

La protección del litoral es otro de los ejes centrales de las alegaciones, con especial incidencia en la costa onubense. IU reclama limitar nuevos desarrollos urbanísticos en zonas de riesgo, integrar la adaptación al cambio climático —subida del nivel del mar, erosión y temporales— y "garantizar el uso público del litoral frente a intereses especulativos, en municipios especialmente expuestos como Punta Umbría, Isla Cristina, Lepe, Cartaya o Almonte".

En materia de agua, la organización subraya que Huelva sufre "un estrés hídrico estructural agravado por el cambio climático". Por ello, defiende que el POTA priorice de forma absoluta el abastecimiento humano, generalice la reutilización de aguas depuradas, reduzca las pérdidas en las redes y condicione cualquier crecimiento urbanístico o económico a la disponibilidad real de recursos hídricos, con especial atención al entorno de Doñana y al sistema de regadíos del Condado.

Las alegaciones también inciden en la defensa del paisaje y del suelo agrario, fundamentales para el equilibrio territorial de una provincia extensa y de escasa densidad poblacional como Huelva. IU considera que el POTA debe proteger estos valores "frente a la industrialización del territorio, la urbanización dispersa y la ocupación indiscriminada del suelo, reconociendo el paisaje como un activo económico, cultural y social".

Asimismo, Izquierda Unida reclama que la ordenación del territorio se convierta en una herramienta eficaz contra la despoblación rural, vinculando de forma directa la planificación de servicios públicos esenciales —sanidad, educación, cuidados y servicios sociales— a la fijación de población en los municipios del interior, especialmente en la Sierra y el Andévalo.

En cuanto a la movilidad, la formación subraya que el POTA debe priorizar el transporte público y la vertebración territorial, reforzando el ferrocarril convencional y las conexiones interurbanas, una reivindicación histórica de la provincia de Huelva.

Por último, IU defiende que el POTA incorpore "el derecho a la vivienda como principio rector del modelo territorial, especialmente en los municipios costeros con fuerte presión turística, apostando por la vivienda pública, el alquiler asequible y la rehabilitación urbana frente a la expansión indiscriminada del suelo urbanizable".

Izquierda Unida ha solicitado que estas alegaciones se incorporen de forma efectiva a la normativa del POTA, con carácter vinculante, para que "el plan se convierta en un verdadero instrumento al servicio de la cohesión social, la justicia climática y el desarrollo equilibrado de la provincia de Huelva".