El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Ayamonte, Francisco Javier Parra, ha citado a declarar en la primera semana de noviembre a ocho personas -cuatro responsables de Giahsa y cuatro de la Junta de Andalucía- en calidad de investigadas. Las relaciona con la causa que mantiene abierta por el vertido de aguas residuales y fecales que se viene realizando durante años en el paraje natural protegido Marismas de Isla Cristina, procedente de la barriada de Pozo del Camino, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Huelva Información ha podido saber que la denuncia por este procedimiento parte de un particular, un vecino de la zona que decidió presentarse en octubre del año pasado en la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva para poner en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) lo que consideraba un agravio: un efluvio de aguas residuales cruzaba la finca de la que es propietario, lo que le ocasionaba daños a su terreno.

Los investigados han sido llamados a declarar en la primera semana de noviembreLa denuncia de un vecino ante el Seprona por vertidos en su finca ha dado lugar a la causa

Impulsada la instrucción de la causa, el juez ha decidido llamar a declarar en Ayamonte a los ocho investigados. Se trata de dos cargos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, cuatro responsables de Giahsa, uno del Servicio de Calidad y Dominio Público Hidráulico Regional, y un último investigado del Servicio de Gestión del Dominio Público Hidráulico. No obstante, por el momento no han trascendido los nombres de estas personas.

Los informes remitidos a la autoridad judicial por el Seprona y por el Instituto Nacional de Toxicología han sido la clave para que el juez determine la imputación de estas personas en el caso.

Parra considera que en este punto del procedimiento existen indicios de que la entrada de aguas residuales urbanas se habría estado realizando "sin ningún tipo de depuración y de forma continuada, provocando un importante daño a la calidad de las aguas y un riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales del paraje natural Marismas de Isla Cristina".

Según ha podido saber este diario, con la instrucción se persigue un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, correspondiente al artículo 325 del Código Penal (el inicialmente aplicable en este caso), que contempla penas que fluctúan entre los dos y los cinco años de prisión, multas de entro ocho y 24 meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio por tiempo de uno a tres años para los que cometan un delito ecológico de esta envergadura.

Fuentes judiciales recordaron ayer a este periódico que por estos hechos acontecidos en Isla Cristina, así como otros de similar naturaleza ocurridos en otros 17 municipios de la geografía nacional, España ha sido condenada este verano por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a pagar una multa de 12 millones de euros, así como a abonar otros 11 millones de euros adicionales por cada semestre de retraso en la aplicación de las medidas necesarias para dar cumplimiento a las actuaciones de tratamiento y vertido de aguas residuales en los términos del mandato de la sentencia.