El juzgado investiga un caso de estafa en la asociación náutica San Miguel

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ayamonte investiga, a propuesta de la Fiscalía, un supuesto delito de estafa en la Asociación Deportiva Náutica San Miguel de El Rompido. El juzgado considera que los hechos presentan características que hacen presumir la existencia de un infracción penal.

La investigación en principio y hasta determinar el grado de participación de los miembros de la junta directiva se centra por ahora en la actuación de cuatro de la misma, el presidente, J.L.B; el gerente, J.M.G.A; el tesorero, J.C.V.V.; y el vocal D.C.Z. por supuesto quebranto económico a los socios durante la construcción del puerto deportivo.

Los socios abonaron, a petición de la junta directiva, alrededor de 120.000 euros para la redacción del proyecto, que fue costeado además en parte por una de las empresas que presentó una oferta para construir la marina.

Los hechos se remontan al año 2007 cuando la asociación San Miguel solicitó a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) una concesión administrativa para la construcción de un puerto deportivo para regular las instalaciones existentes en el lugar, una zona de fondeo.

La asociación deportiva náutica contrató con el estudio Berenguer Ingenieros la redacción del proyecto para iniciar los trámites con la APPA. Sin embargo, la junta recomendó a la asociación que cambiara de ingeniero y contratara con el estudio Ingeniería UG21 la elaboración del mismo, recomendación que se aceptó y así lo hizo.

Para cubrir los gastos de redacción del proyecto se solicitó a los socios (entre 400 y 450) una cuota extraordinaria de 90 euros. Tras la presentación del proyecto en 2009, la junta directiva solicitó una nueva cuota extraordinaria, esta vez de 180 euros, para hacer frente a todos los costes de la redacción, que los socios pagaron al igual que la anterior.

Tras el envío del borrador del proyecto, los responsables de la asociación decidieron estudiar los presupuestos y empresas que ofertaban la construcción de la marina. Finalmente fueron cuatro, aunque los socios recibieron la información a cuentagotas e incluso se le ocultaron algunos datos, según ha teniendo conocimiento la Fiscalía. Marinas Canarias (una sociedad que tiene su sede fiscal en Canarias pero que opera desde Barcelona) presentó un presupuesto de obra de 3.042.860 euros. Otra empresa, Alfer Metal, presupuestó la obra, incluido el dragado, en 2.795.243 euros, con 18 puntos de atraque más que la anterior, y una diferencia de 247.617 euros más barato.

También presentó una oferta la empresa Aister con un presupuesto de 2.981.060 euros, esto es 61.264 euros menos que la primera. La más barata resultó ser la de la empresa Amilibia con un presupuesto total (obra y dragado) de 2.625.606 euros, es decir 400.000 euros menos.

Las obras de construcción del puerto náutico se adjudicaron a Marinas Canarias (la oferta más alta), aunque previamente la empresa Alfer Metal había abonado como anticipo el 15% del importe de la redacción del proyecto a UG21 como había acordado con el presidente y gerente de la asociación San Miguel. Éstos remitieron al administrador de Alfer Metal el contrato firmado con el acuerdo al que llegaron y el compromiso de pago por importe total de 59.990 euros, en concepto de redacción del proyecto.

UG21 emitió entonces una factura, por valor de 10.449 euros, por trabajos de redacción de proyecto de la zona marítima de las instalaciones náutico deportivas en El Rompido, sin especificar que se trataba de la marina de San Miguel, cuando en dicha zona existen tres puertos deportivos más: Marina El Rompido, Club Náutico Río Piedras y Nuevo Portil.

En contra de Marinas Canarias figuraba además un requerimiento de la Agencia Tributaria para su comparecencia, ya que no tenía conocimiento de la sede social de la empresa ni del administrador de la misma.

En la web de UG21 referida a los trabajos de obras marítimas consta que la APPA es la contratante de la redacción del proyecto de construcción de la marina para la concesión administrativa de las instalaciones náuticas, por lo que ésta debió abonar la redacción del proyecto.

El pago de la redacción del proyecto se hizo presumiblemente por triplicado: socios, Alfer Metal y APPA.

En las cuentas que presentó la directiva de la asociación San Miguel a los socios en agosto de 2013 consta que el total de lo facturado por UG21 fue por un importe de 84.392 euros en concepto de dirección de obras. Respeto al gasto por la redacción del proyecto no figura ningún abono al estudio de ingeniería y tampoco consta como ingresos el montante cobrado por las cuotas de 90 y 180 euros.

A los dos meses de comenzar las obras de construcción del puerto deportivo Marinas Canarias cambió de administrador y de denominación, pasó a llamarse Reflotes y Reconstrucciones Marítimas y presentó concurso de acreedores. Amilibia, la empresa que presentó el prepuesto más bajo terminó las obras tras recibir la adjudicación de las mismas.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a los efectos de Policía Judicial investiga el caso, una vez abiertas las diligencias previas, por posibles delitos de estafa, administración desleal y falsedad documental.

La página web de la asociación deportiva náutica San Miguel ofrece escasa información a sus socios sobre la actividad que desarrolla: tan solo un dossier sobre el Plan de Usos de los Espacios Portuarios de la Ría del Piedras. El blog con el que contaba antes ha dejado de actualizarse y la nueva dirección remite a reseñas sobre el alquiler o compra de atraques.