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La jueza investiga la ONG del ex alcalde de Ayamonte y a varios constructores

  • El Juzgado de Instrucción número 3 levanta el secreto que pesaba sobre las actuaciones de presunta corrupción · Ecologistas denunció la actividad urbanística e IU las ayudas solidarias extrapresupuestarias

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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte ha levantado el secreto que pesaba sobre las actuaciones del procedimiento por el que se investiga la posible implicación del ex alcalde de Ayamonte, Rafael González, personal de la anterior Corporación municipal y empresarios de la construcción en una trama de corrupción urbanística vinculada al núcleo costero de Isla Canela.

La Fiscalía halló en los documentos intervenidos -hace ahora un año- en la Casa Consistorial ayamontina indicios de la comisión de delitos urbanísticos, de prevaricación y de cohecho, según confirmaron a Huelva Información fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Las pesquisas han sido desarrolladas en gran parte por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.

El caso, que se halla en fase de instrucción, se centra tanto en la persona de Rafael González como en la de otros miembros de su Corporación, de diferentes áreas y niveles de responsabilidad.

La jueza trata de esclarecer también la relación que con todos ellos mantuvieron cuatro constructores y promotores, así como la conexión de este asunto urbanístico con la ONG que fundó el propio alcalde Rafael González y que llevaba ayuda a proyectos en Guatemala.

Las diligencias continúan abiertas y se espera que en los próximos días se incorporen al expediente diversos informes que han sido solicitados por el Juzgado número tres de Ayamonte a varios departamentos de la Junta de Andalucía, así como otros documentos técnicos que debe aportar la Delegación de Urbanismo.

La investigación judicial abrió de lleno el melón urbanístico de Isla Canela hace justo un año y desde entonces se han acumulado ya varios miles de folios de documentación, casi toda relacionada con los procedimientos urbanísticos que se han usado en el Ayuntamiento ayamontino y que fueron muy cuestionados por grupos como Ecologistas en Acción, Ojo con el Guadiana, IU e incluso por la Oficina del Defensor del Pueblo.

La Fiscalía de Huelva ya abrió diligencias informativas en marzo de 2010 para esclarecer cambios en la calificación de un suelo que alberga 800 viviendas. El Consistorio parceló una zona verde de 148.214 metros cuadrados para hacer residenciales. Los cambios urbanísticos se llevaron a cabo a través de estudios de detalle, de ámbito municipal que no llegan a las manos de la Administración autonómica.

La investigación abierta abarca desde 1993 en adelante, tras la llegada de Pryconsa-Iscasa y la posterior multiplicación de la oferta turística a través de campos de golf y puertos deportivos. Los proyectos siempre contaron con las sucesivas bendiciones de los gobiernos municipales presididos por Isaías Pérez Saldaña y Rafael González, además de la aprobación del entonces consejero andaluz Jaime Montaner, defensor desde sus inicios del proyecto que ha convertido Isla Canela, en plena marisma, en una zona turística de primer orden que ocupa una marisma rodeada de espacios naturales protegidos.

El único alcalde que se opuso al voraz desarrollo urbanístico fue José Nicolás de Jesús Rodríguez. Ni la Dirección General de Costas del Ministerio, ni la Junta de Andalucía, ni el Consistorio ayamontino pusieron cortapisas al futuro de Isla Canela. El no de Nicolás le valió un enfrentamiento con su partido, el PSOE, que optó por el entonces concejal de Cementerio, Rafael González, para presidir Ayamonte en 1996-97. Y duró hasta 2007.

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