El informe del vertedero encargado por el juzgado se demora por falta de fondos

El procedimiento que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Palma del Condado contra la Planta de Tratamiento de Residuos de Villarrasa por delito ambiental presuntamente derivado de su actividad vuelve a sufrir un nuevo parón. Ahora, cuando se cumplen dos años desde que la propia Fiscalía solicitó otro informe pericial independiente para medir los daños que la planta ha podido provocar tanto en la salud humana como en el medio ambiente, el nuevo retraso tiene su origen en cuestiones de índole económica.

Según ha podido saber este diario, el perito al que se le encargó el referido estudio (fue después del verano de 2007 cuando el experto recogió toda la documentación que necesitaba del juzgado) ha solicitado una provisión de fondos para poder hacer frente a los gastos derivados del estudio.

La petición se elevó al juzgado instructor hace varios meses y, de momento, el perito sigue a la espera de que la Delegación de Justicia de la Junta dé una contestación. No s e ha producido hasta la fecha respuesta alguna y el experto que tiene que hacer el informe no puede seguir adelante por los costes que le supone afrontar un estudio de estas características.

El estudio sobre los daños que el vertedero de Villarrasa ha podido causar tanto en el entorno como en la salud humana se considera imprescindible para el procedimiento, cuya instrucción se inició hace la friolera de seis años, cuando se abrieron diligencias a raíz de las primeras denuncias contra la planta.

Fuentes del Ministerio Fiscal consultadas por este diario consideraron "razonable" la petición formulada por el perito para llevar a cabo tan complejo informe.

A lo largo de la instrucción, tanto el jefe de Medio Ambiente de la Diputación como dos altos responsables de la empresa Reciclados del Tinto y el Odiel (Retinod) han reconocido que en los últimos años se produjeron vertidos a arroyos cercanos a la planta de tratamiento, a pesar de que las instalaciones carecían de autorización para verter. Además, han afirmado durante el proceso que hubo falta de previsión en la configuración de las instalaciones de Villarrasa, que se evidenciaron como insuficientes y se comunicó así a su titular.