Los impagos y la falta de liquidez quiebran el mapa de las mancomunidades

La primavera de las mancomunidades llegó a Huelva en la década de los noventa. Surgieron como setas tras un gélido invierno suavizado por una lluvia de fondos europeos y la obligación comunitaria de crear estructuras colectivas municipales a las que inyectar sus entonces cuantiosas ayudas. Los localismos eran incapaces de poner en marcha programas millonarios destinados al turismo, depuración de aguas, residuos, asistencia social, comunicaciones y un rosario de nuevas necesidades municipales.

Fueron surgiendo muchas y variadas entidades supramunicipales, rimbombante palabro que significa más allá del municipio. Se fueron constituyendo de todo tipo y condición por la geografía onubense. Hasta llegar a unas diecisiete: Aguas del Condado, Aguas de la Costa de Huelva, Andévalo Minero, Beturia, Caminos del Condado, Campiña-Andévalo, Cuenca Minera, Condado de Huelva, Residuos Sólidos del Andévalo, Doñana, Ribera de Huelva, Sierra Minera, Sierra Occidental, Moguer-Palos, Islantilla.

Un enjambre que maneja decenas de millones de euros al año y que ya suma más de mil trabajadores, la mayoría beneficiarios de las escuelas-taller y cursos de formación que van desde culinarios hasta ayuda a domicilio, pasando por jardinería, carpintería... Eso sin tener en cuenta al grandísimo staff de cargos: directores técnicos, gerentes, presidentes, vicepresidentes y administrativos que necesitan.

Los nutrientes económicos les llegan por varias vías. A través de transferencias financieras: el Gobierno Central, la Junta d Andalucía, la Diputación y, por supuesto, la Unión Europea. Por su parte, los ayuntamientos asociados deben poner anualmente de su presupuesto un montante que va en proporción habitual al número de habitantes y territorio.

Su filosofía teórica es bien sencilla: propiciar el crecimiento económico y desarrollo social en las comarcas donde operan.

Tal fue la importancia política y económica que adquirieron las mancomunidades en Huelva, sobre todo las de agua y residuos (Giahsa), que la Diputación de Huelva llegó a ver peligrar su independencia. Así que aprovechó el celo de la legislación y se convirtió en líder, en intermediaria de los fondos destinados a su funcionamiento. Nació así la Junta de Mancomunidades. Se evitaba que las comarcas se convirtieran en reinos de taifas que amenazaran a los emires de turno.

Los partidos políticos las convirtieron en claro objeto del deseo, no en vano estaba en juego el manejo de millones de euros, y las metieron de lleno en los envites electorales. Tanto que un poco más y aparte de elecciones municipales tienen que hacer comicios mancomunales.

El poder en ellas va en consonancia con los resultados electorales de los municipios. Por lo tanto, salvo en la legislatura de 2003 a 2007, el PSOE ha conseguido aumentar su musculatura política a costa de estas entidades repartidas por todo el mapa onubense.

Precisamente, esa arrolladora mayoría socialista en sus órganos está detrás del recelo que generan en los demás partidos: PP, IU y PA, que han visto cómo su presencia y capacidad de influencia es puramente testimonial y asisten indignados a las sesiones de fotografías que organizan los líderes socialistas para mostrar su omnívoro poder comarcal. Naturalmente, en la foto se puede comprobar que todos los presidentes y altos cargos gestores pertenecen al PSOE.

Sin embargo, con el paso de los años, las mancomunidades comarcales han ido entrando poco a poco en recesión en paralelo a los problemas de financiación local de sus socios, los ayuntamientos; el recorte de fondos europeos, que desaparecerán en el próximo lustro, y el aumento imparable del personal contratado amén del incremento de sueldos de sus dirigentes, muy por encima del IPC.

El cóctel pues se ha agitado y los problemas de financiación que sufren han estallado con virulencia, como suele pasar, por el eslabón más débil.

Los trabajadores se van echando poco a poco a la calle en todas las comarcas aunque los más visibles y activos han sido los de la Cuenca Minera y el Andévalo.

Su futuro se presenta incierto. La creación de la futura Mancomunidad Provincial de Servicios, que se encargará de la gestión del ciclo integral del agua y los residuos, precisamente la fuente más importante de liquidez dineraria y generación de recursos, puede ser su puntilla pero a la vez su particular flotador que acabe por rescatarlas, adelgazadas eso sí, de una crisis que no cesa.

Las causas de la situación son muy diversas y dependen del cristal con que se miren. Los partidos políticos no son ajenos a este guirigay que bulle cada día.

El más activo es el Partido Popular. Tiene recopilados los sueldos de sus altos dirigentes y el aumento imparable año tras año de sus gastos corrientes.

El diputado provincial Francisco Riquel, representante de La Palma y el Condado, cree que el motivo de la crisis del modelo de mancomunidades hay que buscarlo en "el despilfarro que consiente el PSOE". Un partido, dice, que ha convertido estos organismos en simples lugares para "colocar a sus dirigentes y militantes, en vez de dedicar los fondos a sus objetivos primigenios: el desarrollo socioeconómico". Gusta poner un ejemplo reciente: El PSOE mantiene de presidente de la Mancomunidad de Aguas del Condado al ex alcalde bollullero, Carlos Sánchez, con un sueldo de más de 55.000 euros anuales, a lo que hay que añadir lo que cobran sus dos vicepresidente, la alcaldesa de Escacena, Eva Salazar; y el de Rociana, Amaro Huelva, otros 37.000 euros cada uno. Riquel augura que pronto "contaremos con otro asalariado socialista más, el ex parlamentario andaluz y almonteño Iván Martínez, con otro gasto de unos 40.000 euros anuales". Las cifras dan aliento crítico y fiscalizador al PP. El alcalde de El Cerro de Andévalo, Juan Manuel Borrero, también pone el grito en el cielo. Borrero denuncia que el director técnico de la Mancomunidad del Andévalo Minero, Herófito Rodríguez, se ha subido el sueldo un 31%, pasando del tirón de los 37.000 a 48.768.

Los populares han pedido a la Diputación Provincial de Huelva una auditoría sobre el funcionamiento y gastos de las mancomunidades.