Salvochea revive. Su dignidad, la de un pueblo obrero que forjó su libertad y, con ella, su propia condena; la de las, como mínimo, 1.103 víctimas de la sinrazón y la barbarie, late de nuevo. Brota desde las entrañas del horror sembrado por las represoras huestes del franquismo, por la orden de exterminio total emitida vía radiofónica desde Sevilla por el general fascista Gonzalo Queipo de Llano, antítesis del dibujado por la maquinaria propagandística de los vencedores, escritores, como tales, de una historia falseada, de la mentira grabada con el fuego del miedo en la piel de los supervivientes, amordazados por los invisibles grilletes de un dramático e insoportable silencio cuya ruptura, por ínfima que fuera, conducía no ya a la miseria, un bien ya poseído, sino hacia la senda de la noche más larga, de la muerte.

La verdad, oculta, callada, desde aquella fatídica tormenta que se precipitó de un modo directo sobre las calles y la gente del actual municipio de El Campillo con el bombardeo indiscriminado del 20 de agosto de 1936 ve ahora la luz. La destapa Memorias Recuperadas, el libro en el que el exalcalde socialista de la localidad Fernando Pineda Luna pone en negro sobre blanco una detallada investigación que amplía la ya de por sí atroz relación de 184 asesinados recogidos en La Guerra Civil en Huelva, el pionero trabajo de Francisco Espinosa Maestre, hasta los 345 nombres y añade un sangrante reguero de 194 viudos y 564 huérfanos.

La publicación, "un ejercicio de justicia y reparación", cae, "en forma de losa y como una bocanada de oxígeno" sobre la versión oficial e "irrebatible" de lo acaecido en la entonces joven Salvochea (emancipada de Zalamea la Real el 22 de agosto de 1931), utilizada y difundida hasta la saciedad por los sublevados fascistas por toda España, bajo las palabras del autor, como "el paradigma de la maldad satánica de los rojos". Incluso, cruzaría el Atlántico para arribar a México, donde el periódico 'El Informador' publicaba el 18 de octubre de 1936, al pie de una fotografía en la que aparecen varios cadáveres en el patio de la cárcel derruida: "los insurgentes encontraron esta vista macabra. Antes de huir, los comunistas asesinaron a sus prisioneros, dicen los soldados que ocuparon la población".

El suceso de la prisión municipal, ocurrido el 25 de agosto de 1936 y que derivó en el fallecimiento de 11 de las 26 personas que permanecían recluidas, constituye la piedra angular de un "bulo" ya aireado tan sólo cinco días después a través de las páginas del diario ABC, donde, con el título Los horrores de Salvochea, Gil Gómez Bajuelo describe la espeluznante estampa de los cuerpos "destrozados" de derechistas sepultados bajo escombros, "acribillados a balazos y quemados". El contexto que pintaba fuera no era menos desolador, con llamas que "lamen puertas y ventanas". Antes de su marcha, según narra, los milicianos, además de perpetrar tal crimen, habían prendido fuego también a las casas.

Fernando Pineda Luna desmonta la leyenda del pueblo incendiado por los rojos y las bombas de mano arrojadas sobre los detenidos para su posterior fusilamiento. Lo hace sobre la base documental de los sumarios, las contradicciones halladas en los mismos, la "irracional obsesión" de convertir en asesinos de los prisioneros a todos los vecinos sospechosos de defender la República, las octavillas lanzadas sobre el núcleo minero a modo de ultimátum el 24 de agosto con la amenaza expresa de intensos bombardeos tan sólo 24 horas después si continuaba la resistencia, la tradición oral y las pruebas materiales que constatan que se llevó a efecto tal ataque, la propia lógica de los hechos y la incongruencia de unos certificados de defunción modificados meses más tarde.

El historiador local sostiene que los milicianos, ante el avance de las tropas dirigidas por el capitán Gumersindo Varela Paz desde Zalamea la Real, siempre asistidas por la aviación, y el cerco de las escuadras del comandante de requeté Luis Redondo García, por Campofrío, y del comandante Eduardo Álvarez de Rementería-Martínez, por Nerva, apenas atravesaron la desierta Salvochea para despedirse de sus familiares, refugiados de los bombardeos en el denominado Túnel Cinco de la Río Tinto Company Limited. "No pudieron matar a aquellos 11 hombres, entre los que se encontraba el primer alcalde y principal precursor de la independencia de Salvochea, Virgilio Pernil Macías, los mismos que, en su huida, pusieron en peligro sus propias vidas para socorrer a cinco presos que encontraron heridos, como tampoco habrían dejado escapar ilesos a otros diez si, como decían, eran hasta 40 hombres armados", alega.

Más allá de todo ello, la prueba que el exdirigente socialista y presidente de la Asociación de Memoria Histórica de la Provincia de Huelva (Amhph) considera más esclarecedora es el devenir de las actas de defunción. Éstas, al estar entre los caídos el juez municipal titular, Manuel Centeno Martín, fueron firmadas al día siguiente por el suplente, Vicente Mezquita Guiteria, uno de los supervivientes y, por tanto, testigo de lo acontecido en la cárcel. Según expone, todos perecieron "en el día de ayer, a las 17:00, a consecuencia de shock traumático, según resulta de la certificación facultativa y del reconocimiento practicado".

Habían empezado a redactarse a las 09:15 del día 26 de agosto, cinco minutos antes de la entrada de las fuerzas del bando nacional en el municipio. Casi siete meses después, el 20 de marzo de 1937, se hace constar en los mismos certificados, como añadido, la transcripción de una circular del fiscal regional que ordenaba al juez municipal de El Campillo cambiar la razón del fallecimiento de los once presos asesinados por la de "shock traumático producido por disparos de armas de fuego y bombas que arrojaron los marxistas a la cárcel, donde los tenían detenidos".

Para Fernando Pineda Luna no hay duda: "los fascistas pretendieron así eliminar cualquier vestigio que pudiera delatarlos en el futuro como culpables de la segunda masacre que su aviación provocó sobre la indefensa población civil salvocheana".