Condado de Huelva

Las hectáreas de la discordia

  • l Agricultores piden la modificación del Plan de Regadíos de la Corona Norte de Doñana para incluir 2.000 hectáreas que se quedaron fuera, a pesar de ser “agrícolas desde hace décadas”

Cultivo de frutos rojos bajo plástico en la zona del Condado onubense. Cultivo de frutos rojos bajo plástico en la zona del Condado onubense.

Cultivo de frutos rojos bajo plástico en la zona del Condado onubense. / H. Información (Huelva)

El conflicto desatado por el cierre de los pozos agrícolas en el Condado va parejo al Plan Especial para la ordenación de las zonas con cultivos en regadío localizadas al norte de la corona forestal de Doñana, que recoge una superficie de unas 9.098 hectáreas consideradas como regables en los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana de Condado. Inicialmente, unas 9.340 hectáreas eran susceptibles de ser consideradas como regables (7.240 de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir y el resto de la del Tinto-Odiel-Piedras). Estas explotaciones correspondían bien a terrenos agrícolas de antes de 2004 que hubieran mantenido su actividad, bien a otros terrenos que contaban con derechos de agua para riego obtenidos legalmente.

El plan ha sido objeto de continuas controversias desde que inició su andadura a finales de 2003, cuando el Consejo de gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito Doñana (Potad) y recomendaba en su articulado la redacción de un plan especial para la ordenación de los uso agrícolas sin discriminar las especiales características y condiciones de cada uno de ellos, en especial, en cuanto a disponibilidad de recursos hídricos y condiciones agroclimáticas se refiere.

Por una parte, los ecologistas acusaron a la Junta de intenta amnistiar una parte de la superficie de regadío, a pesar de que “muchas fincas incumplían las normativas ambientales” como la ley de aguas o la ley forestal andaluza. Por otra, los agricultores denunciaron que una parte importante de las hectáreas quedaban fuera del plan a pesar de tener la condición de regables.

Los agricultores sostiene que el plan de los regadíos no solo se retrotrae a 2004 sino que lo hace hasta 1992 y la aplicación de la Ley Forestal de Andalucía

Se trata unas 2.000 hectáreas que, cinco años después de la aprobación definitiva del plan (16 de diciembre de 2014), son todavía objeto de polémica. Y es que el plan, que afecta a una superficie de 64.457 hectáreas, delimita como suelos agrícolas aquellos terrenos en regadío en 2004 (fecha de entrada en vigor del Potad), y sobre los que se ha comprobado que han mantenido su actividad en los siguientes años.

Según los agricultores afectados, el plan de los regadíos no solo se retrotrae a 2004 sino que lo hace hasta 1992 (en aplicación de la Ley Forestal de Andalucía) un hecho éste que afecta en gran medida a sus derechos y que provoca que un número importante de hectáreas que, aún siendo a fecha de aprobación reflejada en la cartografía oficial del plan como suelo agrícola regable y cumpliendo con los criterios definidos, fueron determinas como no regularizables”.

El grupo de productores sostiene que la tierras que se han quedado fuera del plan son agrícolas, y por tanto susceptibles de ser regables, desde hace décadas. Sin embargo, temporalmente fueron reconvertidas en terrenos para el cultivo forestal, “promovidos por la Junta de Andalucía”. Años después volvieron a su origen agrícola.

Por eso, los agriculores entienden que el plan “no se adapta en modo alguno en el momento de entrada en vigor a la realidad de un territorio muy dinámico y especial soporte de una actividad socioeconómica muy importante, basada en una estructura de negocio de carácter mayoritariamente familiar, que ve difícilmente reconducible su medio de vida a otros sectores productivos”.

Balsa de regadíos en la zona del Condado onubense. Balsa de regadíos en la zona del Condado onubense.

Balsa de regadíos en la zona del Condado onubense. / H. Información (Huelva)

También aluden a “los importantes cambios en el entorno que han venido produciéndose, que representa una variación considerable en cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos en este entorno, como es la aprobación de la Ley 10/2018, de 5 de diciembre, sobre la transferencia de recursos de 19,99 hectómetros cúbicos de agua desde la Demarcación Tinto-Odiel-Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, y por extensión al Condado, así como la inexistencia de déficit de recursos hídricos que impidan la regularización de los aprovechamientos preexistentes.

Por ello, solicitan la modificación del Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadíos ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, a fin de permitir la continuidad de la superficie agrícola transformada. Para su reforma reclaman el respaldo del Parlamento andaluz. También partidas presupuestarias al Gobierno central para ejecutar las obras del trasvase de agua.

En medio de la polémica, el parlamentario andaluz por el PSOE de Huelva, coordinador de la Secretaria General del PSOE-A y exconsejero de Medio Ambiente de la Junta, José Fiscal, ha manifestado que jurídicamente es imposible modificar el plan y que además sería un retroceso sin precedentes, ya que el principal instrumento que garantiza la viabilidad jurídica, económica y social de la inmensa mayoría de las explotaciones agrícolas de la zona.

La CHG tiene aún pendiente la regularización de los derechos de riego para las 1.600 hectáreas de la Comunidad de Regantes del Condado, amparadas por el Plan Especial de Regadíos, además de la modificación de los derechos de agua de las 496 hectáreas de la Comunidad de Regantes de El Fresno que el organismo de cuenca concedió, por un plazo de 20 años, en septiembre de 2018.

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