Vecinos de El Granado han solicitado al Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, que anule el expediente sobre la desafectación del campo comunal y revierta la segregación de varias parcelas de los polígonos 17, 18 y 19. El colectivo ha denunciado que ni siquiera ha podido presentar alegaciones al expediente y no descarta interponer un recurso contencioso administrativo.

En total, el Consistorio ha desafectado 877,7 hectáreas, bajo acuerdo plenario de 22 de diciembre de 2017. Los vecinos rechazan el principal argumento esgrimido por el Consistorio para hacer patrimoniales los terrenos comunales, el relativo a que ya no son objeto de disfrute por parte del pueblo.

La ley contempla que los bienes comunales solo podrán desafectarse, es decir declarar formal o tácitamente que un bien de dominio público queda desvinculado de uso o servicio público, cuando no hayan sido objeto de disfrute por un tiempo superior a los últimos diez años continuados, aunque en algunos de ellos se hayan producido actos aislados de aprovechamiento, mediante acuerdo de la entidad local, adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación y la posterior aprobación, previa información pública de un mes, por la Consejería de Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía.

Según los vecinos la inactividad o la falta de aprovechamiento de los terrenos comunales no se ha producido, ya que en los mismos se desarrolla ganadería extensiva ovina y caprina, además de sementeras, huertos familiares, actividades de caza y otra serie de explotaciones, desde hace siglos.

Por ello, el colectivo asegura que por su condición vecinal tiene derecho al aprovechamiento y disfrute de este bien de dominio público desde que fue donado en 1547 por la duquesa de Béjar, Teresa de Zúñiga, y que mientras el campo comunal no pierda su condición de tal, está debidamente protegido en la Constitución, bajo los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad relativo a los bienes de dominio público. En ella se indica también que la desafectación debe ser regulada por ley.

Insisten que el campo comunal sigue teniendo uso y disfrute por parte de los vecinos, por lo que no entienden que se haya llevado a cabo un expediente para desafectar y alterar la calificación jurídica de parte del mismo. Además denuncian que todo se ha hecho con un sigilo impropio de un asunto de tal importancia, cuando los vecinos son, respecto a estos bienes comunales, el eje principal del asunto y por tanto debería haberse informado con carácter previo a la actuación llevada a cabo para el cambio.

Por lo tanto entienden que la justificación del Ayuntamiento que ha conllevado a la desafectación no es real, ya que el desuso por más de diez años no se ha producido.

Por acuerdo del Pleno de la Corporación de 30 de marzo de 2017 se acordó el inicio de las actuaciones para la tramitación de la desafectación de determinadas parcelas (conocidas como Los Llanos, Manantiales, Cerro Francisco, Habichozas y Torigatón) del denominado campo comunal, acordándose por providencia de 10 de noviembre incoar expediente administrativo para trasformar su actual naturaleza de comunal a patrimonial. El 22 de diciembre el Pleno acordó la desafectación de las parcelas, lo que se hace público a fin de que en el plazo de un mes desde su publicación se pueda examinar el expediente y efectuarse las alegaciones que se estimen oportunas.

Tras ser publicado en el BOP el 8 de febrero de este año, el expediente estuvo en exposición pública hasta el 8 de marzo. Sin embargo, según denunció uno de los vecinos, le fue denegada la consulta del expediente, dos días antes de que terminara el plazo de exposición, lo que le llevó a presentar una queja en el Consistorio, por lo que han presentado una denuncia en el Consejo de Transparencia.

Mientras el Ayuntamiento, con la alcaldesa, Lola Herrera, a la cabeza, sostiene que los usos de pastoreo han sido únicamente actos aislados de aprovechamiento, siendo básicamente pastaje de pequeños rebaños de cabras y ovejas, mientras que los vecinos afirman que en el mismo expediente constan las solicitudes de ganaderos para declarar la tierra para las ayudas de la PAC.

El colectivo vecinal rechaza que los usos sean solo por pequeños rebaños, y además que cuando la norma marca que es lo que debe exigirse, no diferencia que el uso sea realizado por pequeños o grandes rebaños.

En lo que respecta a la caza, el propio Ayuntamiento reconoce que sí ha existido un uso cinegético mediante una memoria anual de actividad de caza, que viene a probar el uso realizado de forma ininterrumpida.

Los vecinos sospechan que la motivación real de la actuación realizada por el Consistorio sea la explotación agraria de las parcelas por parte de terceros, ajenos al derecho comunal.

Por ello manifiestan que si finalmente fuese desafectado el bien comunal presentarán un recurso contencioso administrativo, ya que no se ha producido tal desuso de las tierras comunales.

El colectivo está a la espera de conocer si la Consejería, en última instancia, ha aprobado o aprobará la desafectación para acudir a los tribunales, fundamentándolo en que no se ha cumplido el requisito de desuso durante diez años, junto con el resto de alegaciones mencionadas, solicitando la revisión de oficio.