El Gobierno trabaja con Moguer, Palos y Lucena en "la definición de proyectos" para acabar con los asentamientos

El Gobierno central ha indicado que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), está trabajando con los ayuntamientos de Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto en la definición de las actuaciones para acabar con los asentamientos en sus municipios, y que se enmarcan en la ejecución de la línea 13.4 del Marco de Actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural Doñana. Así lo indica en una respuesta escrita a una pregunta realizada por el Grupo Sumar al Congreso de los Diputados, consultadas por Europa Press, en la que el Gobierno señala que se trata de una línea relativa al acceso de las personas temporeras al alojamiento "digno".

En este sentido, señala el Ejecutivo que el pasado 2 de junio se suscribió un acuerdo interdepartamental entre el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para transferir a éste último cinco millones de euros en 2025, otros cinco millones de euros en 2026 y cinco millones de euros en 2027, "siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan", para realizar las actuaciones previstas en la referida línea 13.4.

Al respecto, explica que fruto de este acuerdo el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en colaboración con el Miteco, está trabajando en "la definición de las actuaciones" que se financiarán en los tres municipios beneficiarios de esta línea de actuación, que son Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto.

Prosigue señalando que, con esta finalidad y a través del correspondiente instrumento jurídico, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana contribuirá a que los municipios "implementen y ejecuten aquellas actuaciones que cada uno considere prioritarias y que mejor respondan a sus concretas necesidades".

Entre ellas, se contemplan medidas como la adquisición de módulos habitacionales; la adquisición de inmuebles ya construidos; la adquisición de suelo para la posterior construcción de viviendas sociales y la rehabilitación de viviendas para su adecuación y posterior uso como viviendas sociales.

El acuerdo prevé la creación de una comisión para "el adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación de lo establecido en el mismo", toda vez que se publicará un Real Decreto de concesión directa --financiado con los fondos transferidos desde el Miteco-- a los tres ayuntamientos beneficiarios de esta línea de actuación.

Grupo de trabajo y plan de choque

Indica el Gobierno que, asimismo, con el fin de "dinamizar la ejecución de la línea 13 en su conjunto", se ha constituido un grupo de trabajo entre la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía para "definir y coordinar las actuaciones que deberán realizarse por cada una de las Administraciones Públicas implicadas".

A este respecto, informa de que se encuentra en elaboración un documento de planificación conjunta denominado 'Hoja de Ruta del grupo de trabajo técnico para la ejecución de la Línea 13 del Marco Socioeconómico, el Plan Easen de la Junta de Andalucía y otras actuaciones para la mejora de las condiciones de vida y habitabilidad en los asentamientos y su erradicación como objetivo final (2025-2027)'.

De este modo, la Hoja de Ruta incorporará el denominado 'Plan de Choque', elaborado por los ayuntamientos de Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto, en el que se detallan "medidas urgentes" destinadas a "mejorar las condiciones de vida en los asentamientos chabolistas mientras estos no sean erradicados".

Estas medidas incluyen la limpieza y adecuación de los espacios; el abastecimiento de agua; el suministro de mantas y productos de primera necesidad y la atención a "otras necesidades básicas que permitan garantizar unas condiciones mínimas de dignidad habitacional".

Así las cosas, remarca el Gobierno que la Hoja de Ruta "constituye el instrumento de referencia para la planificación, coordinación y ejecución conjunta de las actuaciones previstas --en base a las competencias propias de cada administración--, integrando tanto los compromisos de la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía, como las medidas urgentes identificadas por los ayuntamientos afectados".