El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto por el que se asignan, a las consejerías de Obras Públicas y Vivienda, de Agricultura y Pesca, de Turismo, Comercio y Deporte, y de Medio Ambiente las funciones, medios, servicios y personal transferidos por la Administración central en materia de ordenación y gestión del litoral, donde se incluyen las autorizaciones y concesiones relativas a los chiringuitos.

Con este traspaso, que se hará efectivo el próximo 1 de abril con un coste anual efectivo de 2,11 millones de euros, la Junta de Andalucía se hace cargo de 62 puestos de trabajo y 21 vehículos, según explicó tras la reunión del Consejo de Gobierno el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo. La Administración autonómica recibe un inmueble de 2.348 metros cuadrados en el Paseo de la Farola número 12 de Málaga. Su uso será compartido por las administraciones central y autonómica hasta que se libere por parte de la Junta el edificio ubicado en el número 7 de esta misma vía, donde se instalarán los servicios estatales.

Junto con la asignación de medios y funciones, el decreto recoge la creación de una comisión de seguimiento y evaluación, adscrita a la Consejería de la Presidencia, como instrumento de participación de los agentes económicos y sociales en la ordenación y gestión del litoral. En las seis provincias con dominio público marítimo-terrestre, la Junta creará comisiones interdepartamentales sobre la materia.

El traspaso de las funciones, medios y servicios en materia de gestión y ordenación del litoral, previsto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, fue formalizado el pasado 12 de enero en una reunión presidida por el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, y la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno de la Junta, Mar Moreno. Su regulación se recoge en el Real Decreto aprobado el 21 de enero.

Las funciones transferidas, que ahora se asignan a las cuatro consejerías con atribuciones en la materia, incluyen las autorizaciones y concesiones de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre relativas a playas, acantilados, dunas, marismas o humedales, entre otros espacios costeros.

Entre estos permisos figuran los relativos a los llamados chiringuitos, así como la realización de vertidos, las explotaciones de acuicultura y recursos mineros o energéticos, las actividades que requieren instalaciones desmontables durante un periodo superior a un año, la ejecución de obras fijas en el mar y las infraestructuras menores como embarcaderos, pantalanes o varaderos. La Administración andaluza, según expuso el consejero, también pasa a regular los usos de temporada en las playas (por ejemplo, zonas de baño y ocio) y en el mar territorial (áreas de fondeo o pantalanes flotantes, entre otros).

El Real Decreto establece la participación de la Comunidad Autónoma en la planificación y programación de las obras de interés general, así como en la gestión de las adscripciones al dominio público marítimo-terrestre para construcción, ampliación o modificación de puertos y vías de transporte de titularidad autonómica.

Sobre el número de chiringuitos que hay en Andalucía, el consejero de Medio Ambiente dijo que, en la actualidad, son 838 en las cinco provincias con salida al mar, mientras que los planes de playa son 63. En la provincia de Huelva, 62 chiringuitos cuentan con una concesión estatal, que debe ser revisada de acuerdo a la normativa. El estado de cada chiringuito y plan, según apuntó, se conocerá en los próximos días, apuntando que el ánimo de su departamento es trabajar con la mayor celeridad y con un nivel de información directo con el sector y con los ayuntamientos para facilitar todo el proceso que se inicia.