La Fiscalía demanda a Medio Ambiente para que exija reparación a quienes extraen agua ilegalmente en Doñana
El número de responsables identificados que durante los años 2022 y 2023 realizaron extracciones ilegales de agua subterránea asciende a un total de 250, 198 de Huelva
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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha demandado a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para que exija medidas efectivas de reparación a quienes extraen ilegalmente aguas subterráneas afectantes al espacio natural de Doñana.
La Fiscalía ha exigido a ese departamento que "ejerza su competencia en materia de responsabilidad medioambiental" y acuerde "medidas efectivas de prevención, evitación de nuevos daños y reparación, sobre los particulares y entidades identificados por la Unidad Central del SEPRONA de la Guardia Civil".
El número de responsables identificados que durante los años 2022 y 2023 realizaron extracciones ilegales de agua subterránea asciende a un total de 250: Huelva (198), Sevilla (51) y Cádiz (1).
Según detalla el comunicado, se ha impugnado ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional la resolución de la Secretaría de Estado del 29 de octubre de 2025, por la que acuerda "inadmitir la solicitud de inicio de procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental por daños a las aguas continentales (superficiales y subterráneas) que afectan al espacio protegido de Doñana".
La Fiscalía señala que "la ausencia de la adopción de medidas efectivas para evitar y reparar el daño medioambiental sobre las aguas afectantes al espacio natural de Doñana ha motivado que el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) haya declarado la responsabilidad del Reino de España por incumplimiento del derecho de la UE".
La nota estipula también que "la exigencia de responsabilidad medioambiental concierne al derecho constitucional de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo".
Sobre esto, añade "que, en cuanto principio rector de la política social y económica, su reconocimiento, respeto y protección debe informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos".
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