El exalcalde dimite como concejal tras ser condenado por desobediencia judicial

El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva ha condenado al exalcalde de Bollullos Par del Condado, Francisco Díaz (Independiente), a dos años de inhabilitación para cargo público y un multa de 2.700 euros por un delito de desobediencia judicial al no dar cumplimiento a la readmisión de los despedidos del Consistorio como establecían sentencias judiciales. En declaraciones a Europa Press, Francisco Díaz aseguró que "lo más honesto" es "dejar el acta de concejal" y explicó que no ha podido analizar la sentencia con su abogado, por lo que no quiso abundar en el contenido de la misma, si bien en un primer momento la acata, aunque no esté de acuerdo, y abrió la posibilidad de presentar un recurso.

Díaz precisó que su cargo como secretario general de Independientes Coalición por Huelva lo mantendrá, pero "siempre" que no se considere que esta decisión puede perjudicar al partido

Durante el juicio, el exregidor aseguró que no pudo readmitirles en esos momentos ante las circunstancia económicas del Ayuntamiento. Díaz defendió que no incumplió deliberadamente las resoluciones judiciales, sino que le fue imposible cumplirlas debido a la falta de dinero en las arcas municipales para readmitir en tiempo y forma a los empleados municipales.

El exregidor de Bollullos argumentó que cumplir la sentencia para readmitir a los empleados municipales llevaba un tiempo, al tratarse además de un tercio de la plantilla y requerir la modificación de la estructura del personal e insistió en que los mismos técnicos del Ayuntamiento informaron que la actuación había sido la correcta, ante la falta de liquidez del Consistorio y al tratarse de una indemnizaciones de un millón de euros, una cuantía considerable para las arcas municipales.

De poco han servido estos argumentos, ya que el juez ha condenado a exalcalde a dos años de inhabilitación en el cargo, además de una multa de 2.700 euros.

Los hechos se remontan a enero 2009, cuando en un pleno municipal se declararon inválidos los contratos de unos 40 trabajadores, que habían sido contratados por el anterior alcalde, con derecho a recibir una indemnización como despidos improcedentes.

Los trabajadores presentaron demandas y se dictaron sentencias por las se calificaban los despidos nulos por discriminación y condenaba al Consistorio a la readmisión de los mismos y al pago de los salarios que habían dejado de percibir desde la fecha del despido.

El Ayuntamiento presentó también recursos que fueron desestimados y, pese a que la readmisión se ordenó en 2009, el colectivo acudió a la vía penal ante el incumplimiento de las sentencias, pero no fue hasta diciembre de 2012 cuando se hizo realmente efectiva la vuelta sus puestos de trabajo, casi cuatro años después, fecha en la que se normalizó su situación.

El juez considera probado que el acusado recibió y tuvo conocimiento de los reiterados requerimientos realizados en el curso de la tramitación de procedimientos judiciales cuyo contenido y atavares conocía, pese a lo que optó, deliberadamente, por hacer caso omiso a los mismos, manteniendo tal actitud hasta la fecha en que se puso fin a la fase de instrucción de la causa con resolución judicial acordando continuar la tramitación como procedimiento abreviado.