La Fiscalía de Huelva ha solicitado dos años y seis meses de cárcel para el exalcalde de Almonte José Antonio Domínguez (PP) y para quien fuera su concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Curto, por presunto acoso laboral a la jefa de la Policía Local, Francisca Borrero.
El fiscal, según se recoge en el escrito de acusación al que ha tenido acceso Efe, los considera responsable de un delito de acoso laboral, por el que les pide 1 año y 6 meses de cárcel; otro de lesiones, por el que les solicita un año más y de otro de prevaricación por el que considera se les ha de imponer 12 y 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público respectivamente. Asimismo, exige una indemnización de más de 16.000 euros a la supuesta perjudicada.
Según el fiscal, Domínguez, siendo alcalde de Almonte, dictó en 2012, a propuesta de Curto un decreto para la reorganización funcional del Cuerpo de Policía Local de Almonte, en el que se proponía como mandos de la Policía Local a Borrero y, al mismo nivel, a otro agente de la escala básica, siendo nombrado como oficial responsable de Operativos de Seguridad.
Dicho decreto municipal fue impugnado ante el Juzgado de lo Contencioso-Admnistrativo 1 de Huelva por Borrero, el cual lo declaró no ajustado a derecho por incurrir en vulneración de la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, al otorgarle a una agente de la Escala Básica funciones propias de la Escala Ejecutiva.
A pesar de lo anterior, los acusados, "abusando de su relación de superioridad, no depusieron su actitud, por lo que mantuvieron como mando responsable dentro la Policía Local durante los años de 2012 a 2015, al oficial que no ostentaba la capacitación necesaria, nombrándolo coordinador de operativos como el Plan Romero, dejando al margen a Borrero a la que se relegó a materias como notificaciones, formación o violencia de genero".
Ante dicha situación "de hostigamiento y humillación", la inspectora jefe presentó de forma reiterada ante el Ayuntamiento numerosos escritos, pidiendo participar en actividades propias de su competencia, siendo denunciado en muchos de ellos la situación de acoso en la que se encontraba, si bien se continuó obviando por parte de ambos acusados la condición de la inspectora jefe.
A esta se le llegó a incoar a instancia de Domínguez un expediente disciplinario y otro expediente sancionador urbanístico, ambos archivados. En 2015, el alcalde dictó otro decreto idéntico al de 2012 otorgando una nueva organización funcional dentro de la Policía Local, que mantenía al frente al agente no capacitado. A consecuencia de todos estos hechos, la mujer sufrió lesiones en su salud psíquica.
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