El estudio sobre el caladero de la chirla, en entredicho

El sector de la chirla rechaza que la situación actual del caladero se deba a una sobreexplotación causada solo por los barcos que faenan en las aguas del Golfo de Cádiz. El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Punta Umbría, Antonio Albarracín, no comparte los resultados del estudio encargado por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía para determinar el estado en que se encuentra las existencias de la chirla en la pesquería. El estudio establece el cierre del caladero durante siete meses para que la pesca vuelva a realizarse con criterios de sostenibilidad. Los mariscadores conocieron el resultado de los análisis del Instituto Español de Oceanografía (IEO) el pasado día 10 de diciembre.

El cierre del caladero para unos 120 barcos, unos 100 de los puertos de Punta Umbría e Isla Cristina, y el resto de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, es efectivo desde ayer .

El informe científico refleja que los últimos análisis de la estructura de tamaños de la población de chirla del Golfo de Cádiz muestran que actualmente una fracción importante de la misma presenta un tamaño inferior a la talla mínima de captura establecida en la legislación, por lo que no puede ser capturada.

Según el estudio del IEO, los parámetros de crecimiento de esta población permiten estimar que las primeras incorporaciones de estos individuos a la población de chirla comercialmente explotable se producirán dentro de unos siete meses.

El sector ha acogido con recelo, desconfianza y suspicacia el estudio que "va a marcar el futuro" de los mariscadores de la chirla, ya que la Junta de Andalucía ha propuesto además un plan de ajuste de la flota, porque de mantenerse el cupo actual "volverá a repetirse la situación".

Los mariscadores esperan que la Administración regional presente alguna solución al problema que se plantea con el paro forzoso, teniendo en cuenta que las ayudas de la UE para las parada biológicas se han agotado.

El plan, que deberá ser consensuado con los armadores, persigue que el número de barcos dedicados a esta pesquería sea menor y las perspectivas de futuro para la chirla sean mejores. Dentro del programa está previsto que las embarcaciones de más de diez años puedan acogerse a las ayudas a desguace de los Fondos Europeos de Pesca, mientras que para el resto se arbitrarán medidas a través de los fondos de los Grupos de Desarrollo Pesquero.

Para las tripulaciones, la Administración está estudiando la situación laboral de cada una de los marineros después que las cofradías de pescadores hayan enviado al Instituto Social de la Marina y a Empleo la documentación requerida.

Con todo, el sector de la chirla achaca la escasez de chirla en caladero y la falta de talla comercial a varios factores y no solo a una sobreexplotación de la pesquería, factores como los temporales que se han registraron, así como los vertidos fluviales como los que se están produciendo en la desembocadura del Guadalquivir. Incluso apuntan a las secuelas de la rotura de la balsa minera de Aznacóllar.

Los pescadores aseguran que no hay chirla ni en la denominada Zona C, en la que se establece una veda de seis meses, y ni siquiera en la Zona B, una reserva dedicada a la cría y engorde de la especie, en la que ningún barco faena desde hace años. Además, responsabilizan a la Administración haber provocado la sobreexplotación de la única zona que ha permanecido abierta todo el tiempo al concentrar en ellas las embarcaciones de Isla Cristina, Punta Umbría y Sanlúcar de Barrameda.

Los mariscadores puntaumbrieños rehusan que la reducción de la flota sea una solución al problema y apuntan más a una mejor distribución de los recursos pesqueros para evitar que se esquilme el caladero, así como el cumplimiento de la normativa actual, ya de por sí "bastante dura".

Asimismo, rechazan el cambio de modalidad propuesto por la Junta de Andalucía, ya que esta medida solo serviría para "vestir a un Santo y desvestir a otro". Las embarcaciones de la chirla pasarían de la draga hidráulica o ricchio a las artes menores y el trasmallo, otros sectores de pesca "también con problemas", lo que podría conducir a otra sobreexplotación.

De la misma opinión son los pescadores de Isla Cristina que tampoco creen que el desguace sea otra solución, porque prácticamente toda la flota es nueva y los armadores perderían dinero.

Puestos a presentar propuestas, algunos mariscadores isleños solicitan a la Administración una rebaja en la talla de un milímetro para los meses de invierno, que pasaría de los 25 actuales a los 24, una medida establecida hace ya unos años. En cualquier caso, la mayoría de ellos, consideran que no podrán aguantar siete meses sin trabajar, ya que no podrán hacer frente a los préstamos e hipotecas que muchos armadores han contraído recientemente. José Manuel Garrido Cazorla, el patrón mayor del Segundo Capricho, calcula unos 21.000 euros la deuda que acumulará en los siete meses de parado forzosa. Durante el cierre del caladero, la Junta informará a la comisión mixta de seguimiento de forma mensual.