El juez busca al empresario que transformó 118 hectáreas de uso forestal en Bonares

El empresario moguereño Juan Márquez Soriano vuelve a desafiar a la justicia tras darse a la fuga para sortear su inminente ingreso en prisión. En Moguer los vecinos aseguran que lleva en paradero desconocido desde hace cuatro meses en los que el agricultor no se deja ver por el pueblo, e incluso algunos imaginaban que su ausencia se debía a que ya se encontraba entre rejas. El juez ha dictado una orden de busca y captura y orden europea contra el agricultor que transformó a regadío 118 hectáreas forestales en la finca El Avispero, en el término municipal de Bonares. Por esta acción Márquez fue condenado por delitos contra la ordenación del territorio, lo que llevó aparejada una condena de 16 meses de cárcel y la obligatoriedad de "desmantelar a su costa las balsas de riego y demoler o retirar las edificaciones construidas, devolviendo a su estado original el suelo afectado".

Al tratarse de una pena inferior a los dos años, el acusado no perdió su libertad. No obstante, el incumplimiento sistemático de la misma sumó a su expediente judicial otra pena de ocho meses que sí, le obligaba a pisar la cárcel.

El empresario trató zafarse del dictamen judicial pidiendo el indulto al Gobierno de España. Para ello y siguiendo el consejo de sus abogados se gastó 220.000 euros en plantar 44.000 pies de eucaliptos para devolver El Avispero a la estampa de antaño. En los medios de comunicación mostró mediante una misiva su arrepentimiento e incluso solicitó, sin éxito, que los alcaldes de la comarca avalaran su petición. Sin un masivo respaldo social ni político, el Consejo de Ministros le denegó el 30 de septiembre la medida de gracia. De cualquier modo, la petición le permitió ganar más tiempo e incluso planear su más que probable fuga.

Los hechos se producen después de los días 14 y 17 de Octubre tratasen de notificarle al penado la denegación del indulto, si bien éste no se encontraba ni en su domicilio ni en la empresa, mientras que "familiares y empleados dicen ignorar su paradero". El fiscal reitera que "la colaboración y buena fe" del delincuente "no era sino su intento deliberado de dilatar la ejecución buscando la prescripción de la pena, tal y como demuestra que, una vez ha tenido conocimiento de la denegación del indulto, se encuentra fugado de la Justicia y en ignorado paradero desde al menos el 14 de octubre".

El proceso penal arrancó a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción, tras la que la fiscalía abrió diligencias tras cotejar la Delegación de Medio Ambiente la transformación de 132 hectáreas de carácter forestal, donde se plantaron arándanos, amén de la construcción de dos balsas de agua y movimientos de tierra que conllevaron una degradación topográfica con la desaparición de vaguadas y laderas.

El 30 de julio de 2010 se condenó a los tres implicados (ratificada el 7 de febrero de 2012 por el Tribunal Constitucional) por delitos contra la ordenación del territorio, mientras se absolvía a un agente forestal de recibir supuestos sobornos para no alertar de ello.