Un empresario lleva al juzgado una trama urbanística en Pozo del Camino

El representante de Islasuárez denuncia a diez empresas por presunta estafa y tres delitos más Hacienda reclama a Manuel Rodríguez 170.226 euros por una factura que no cobró

Delimitación en blanco del Plan Parcial Subles 6 de Pozo del Camino.
Delimitación en blanco del Plan Parcial Subles 6 de Pozo del Camino.
C. Sáez Huelva

isla cristina, 18 de febrero 2013 - 05:01

El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Ayamonte ha admitido a trámite la denuncia presentada por Islasuárez, a través de su representante legal Manuel Rodríguez Suárez, contra la empresa Teide Gestión del Sur y nueve sociedades más (entre ellas FCC) por presuntos delitos de estafa, falsedad documental, contra la hacienda pública y delitos societarios. Hacienda demanda a Manuel Rodríguez 170.000 euros por una factura que nunca cobró, cuya cantidad, según su versión, fue a parar a manos de los denunciados.

La denuncia, que ha sido ratificada por Rodríguez Suárez, señala que los hechos se remontan al año 2005 cuando la entidad mercantil Casagestión Grupo Inmobiliario -en la actualidad, Grupo Inmobiliario Casagestión- entra en contacto con el demandante a título personal como persona conocedora de Isla Cristina, a fin de que cree una sociedad limitada a su servicio, Islasuárez, para una futura urbanización en el Pozo del Camino, del municipio isleño.

Según consta en la denuncia, una vez constituida Islasuárez, en noviembre de 2005, el responsable de Casagestión, D.L.B., remite instrucciones expresas a Manuel Rodríguez para que adquiera los terrenos del Subles 6 a pequeños propietarios al precio de 60 euros el metro cuadrado, debiendo entregarse a la firma del contrato privado un 5% del importe total de compra. Casagestión le encomienda entonces la realización de una base de datos de demandantes de viviendas en Isla Cristina de VPO para dedicarlas al Subles 6 con la documentación necesaria para tener acceso de este tipo de viviendas. Así se acredita con la base de datos de 1.233 personas que al efecto se creó y entregó a Teide Gestión del Sur.

Entonces solo existía una aprobación previa a la provisional del documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Isla Cristina. Revisión dedicada a incluir la totalidad del suelo de Pozo del Camino como Suelo Urbanizable Sectorizado, Sector 6, que no estaba en la previsión del PGOU aprobada en julio de 2002.

En septiembre de 2006, siempre según la denuncia, D.L.B. dirigió una carta al Gobierno local para agilizar el polígono Subles 6 de Pozo del Camino con la intención de proceder a la compra del suelo. A pesar de que D.L.B. actuaba como Casagestión, las compras de terrenos las realizaba a través de otra empresa, Agrupación Inmobiliaria Eurosur, donde efectuaba los compromisos de adquisición al precio de 60 euros el metros cuadrado, según las instrucciones recibidas.

En mayo de 2007 Islasuárez había logrado con sus gestiones que Eurosur fuera titular mediante contratos privados de la totalidad de los terrenos del Subles 6. Ese mismo mes uno de los denunciados comunica a Rodríguez Suárez que las totalidad de las fincas adquiridas habían sido trasmitidas a Teide Gestión del Sur mediante escrituras públicas de compraventa al precio de 90 euros el metro cuadrado de superficie, obteniendo así una rentabilidad de 30 euros de promedio, lo que supuso unos ingresos de 7.999.969 euros.

En 2008, con la llegada de la crisis inmobiliaria, siempre según la denuncia, Teide Gestión del Sur tenía ya dificultades para obtener la liquidez suficiente para terminar el proyecto iniciado. Llegados a este punto, los interesados puestos de común acuerdo deciden tramitar como propietario único el Subles 6, para lo cual realizan las gestiones oportunas con el nuevo equipo de Gobierno y entre ellos para asegurarse una posición dominante en el Plan Parcial. Tras varias propuestas que descartan, finalmente deciden que la única fuente de financiación óptima y rápida es la de los propios vendedores. Para ello se sirven de la mediación del denunciante a fin de hacer realidad su posición como propietario único, utilizándolo incluso como medio de financiación.

Para la obtención de dicho importe se elabora una factura para la compra de los terrenos por Islasuárez, según las indicaciones de Casagestión y con el conocimiento y aprobación del resto de los denunciados asistentes y conocedores de ello. A Manuel Rodríguez se le remite un modelo de contrato donde supuestamente por sus trabajos de colaboración debe recibir como honorarios la cantidad de 589.800 euros más el IVA correspondiente por un importe de 94.368 euros, lo que hacía un total de 684.160 euros. El IVA se abonaría mediante un cheque y el resto con tres pagarés aceptados por Teide Gestión. Al demandante se le remite el modelo de factura que deben realizar, suscribir y remitir, como así confeccionó.

En la denuncia consta que todo era una mera forma de obtener una liquidez a costa del responsable de Islasuárez para financiar el proyecto "utilizando la buena fe del denunciante". Así se le hizo entrega de un talón por importe de 94.368 y los tres pagarés para que fuesen firmados, sellados y endosados por Islasuárez, desconociéndose a favor de quién iban dirigidos porque se firmaban en blanco, aunque supuestamente a Teide Gestión del Sur para el pago de las cantidades que debía a los vendedores. Por otra parte, se le exigió al demandante la entrega de un cheque, con cargo a esa cantidad a favor de Casagestión, por importe de la totalidad aunque finalmente solo se llevó uno por 60.000 euros, para hacer frente a una serie de gastos que el demandante realizó en las obras de unas oficinas.

En la denuncia figura que tras varias artimañas, los denunciados se "apropiaron" de los 684.168 euros, que nunca entregaron a Rodríguez Suárez. La Agencia Tributaria reclama a éste, por la factura incobrada de 589.800 euros, la cantidad de 170.226 euros solo por el IVA no abonado, ya que D.L.B. "se apropió" de él y un pequeño remanente se empleó para pagar las obras de las oficinas de Casagestión en Isla Cristina. El no percibir las cantidades adeudadas a esta empresa ha supuesto otras imposibilidades de pago que han generado nuevas deudas con Hacienda por importe de 20.893 euros. La falta de recursos por la actuación que los denunciantes han realizado ha colocado a la familia de Manuel Rodríguez en una situación de penuria económica grave y llevado al embargo de sus escasos bienes.

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