El empresario de la finca El Avispero no entrará en prisión al prescribir el delito

La pena de cinco años de prisión impuesta al empresario J.M.S, de la finca El Avispero, por construcción ilegal en Doñana ha prescrito, por lo que no tendrá que ir a la cárcel, algo que lleva eludiendo desde hace seis meses, tiempo que lleva en paradero desconocido.

Márquez fue condenado por un delito contra la ordenación del territorio el 30 de julio de 2010. Desde entonces se valió de todas las alternativas que ofrece el Estado de Derecho para dilatar una condena que, no obstante, no le acarreaba penas de prisión. En el juicio no pudo probarse que sobornara a un agente forestal para que hiciese la vista gorda a la hora de transformar centenares de hectáreas de zona verde, construir balsas de riego y abrir pozos que alimentasen las necesidades del cultivo.

Sin embargo, sus recursos fueron infructuosos. El 7 de febrero de 2012 el Tribunal Constitucional hizo firme la condena de 16 meses de cárcel y la obligatoriedad de "desmantelar a su costa las balsas de riego" que se nutrían del subsuelo del acuífero 27, que alimenta el corazón del Parque Nacional de Doñana. Asimismo, tenía que demoler o retirar las edificaciones construidas, devolviendo a su estado original el suelo afectado. Tendría, además, que abonar 587.000 euros a la Junta de Andalucía en concepto de responsabilidad civil.

Nuevamente Márquez Soriano se negó a desmantelar la explotación de arándanos. Una medida que le reportó pingües beneficios. Se embolsó, sólo por esta finca, cantidades cercanas a 1,8 millones de euros de beneficios netos por campaña. La justicia le condenó por un delito de desobediencia que llevó aparejado ocho meses de prisión, que sumado a su anterior condena le acarrearía su ingreso en prisión.

El agricultor moguereño puso en marcha a su equipo jurídico para zafarse de la acción de la justicia. En esta ocasión inició una campaña en la que hizo acto de contrición pública y reclamó el indulto al Gobierno. Alegó, según anunciaron sus abogados, que "como gesto de buena voluntad se había gastado 220.000 euros en plantar 44.000 pies de eucaliptos para restaurar lo que, en antaño, era el coto El Avispero".

El Consejo de Ministros le denegó un 30 de septiembre de 2016 cualquier medida de gracia.

Para los agricultores del Condado encuestados por este rotativo la prescripción de los delitos es una pésima noticia para el sector, inmerso en una lucha para que no se desmantelen las hectáreas que han quedado fuera del Plan Especial de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana.