La empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio en Ayamonte desde hace cuatro años, Grupo ADL, ha denunciado a la teniente alcalde de Servicios Sociales, Cristina Garfia (PSOE), como presunta autora de delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación por convocar a dos de sus trabajadoras a una reunión con otra mercantil que aspira a hacerse con el contrato para "obtener información" y facilitarle datos para la presentación de una "mejor propuesta de licitación".

Así consta en la denuncia presentada el pasado viernes en los tribunales, a la que ha tenido acceso en exclusiva Huelva Información. En ella se detalla que el pasado 1 de febrero se publicó el pliego de prescripciones técnicas que rige la adjudicación del contrato de servicio de ayuda a domicilio en las modalidades de dependencia y libre concurrencia, así como el pliego de cláusulas administrativas particulares de la ejecución del servicio, "todo ello liderado por la denunciada en ejercicio de su cargo".

Así las cosas, la edil envió presuntamente un mensaje a una empleada de Grupo ADL, delegada de personal por CCOO, a la que citó en las instalaciones municipales mediante un mensaje en el que le decía: "...Quería contarte que las empresas de ayuda a domicilio que están preparando sus proyectos para presentarse a la adjudicación del nuevo contrato me piden una reunión con el sindicato para que le resuelva algunas dudas que no sé responderles. Mañana martes vamos a tener una reunión con una y me dicen si es posible que tú estés para resolver esas preguntas (...) Por si puedes pasarte, si no, pues te puedo llamar para que le resuelvas esas dudas".

El martes 2 de marzo, se refiere en la denuncia, se produjo la reunión, en la que estuvieron presentes "Cristina Garfia, en su cualidad de teniente alcalde de Servicios Sociales, y dos representantes de la empresa Arquisocial SL, según se identificaron". Por parte de la actual adjudicataria asistieron la secretaria del comité de empresa y la delegada sindical de Comisiones.

Esta última hace constar en la denuncia que "en la reunión, los representantes de la empresa Arquisocial SL nada más incorporarnos mostraron su sorpresa de que estuviéramos presentes. A pesar de ello, comenzamos la misma y nos plantearon, entre otras cuestiones, preguntas para la realización de su proyecto técnico, el cual presentarán al concurso de licitación del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Ayamonte".

En vista del resultado del cónclave, la delegada sindical "se vio obligada a denunciar los hechos ante el propio Ayuntamiento" el 5 de marzo, poniendo de manifiesto ante la institución local "que ha sido testigo de un delito de tráfico de influencias entre los representantes de Arquisocial SL y la denunciada, dimanante de la reunión celebrada intentando obtener información de la actual adjudicataria de sus propias trabajadoras para, con ello, presentar la mejor propuesta de licitación".

Para la mercantil litigante, es evidente que "nos encontramos en una actuación por parte de la denunciada y de todos aquellos que estén implicados, que puede calificarse no solo de delito de tráfico de influencias en base al cargo que ostenta, sino igualmente ante un delito de fraude en la contratación pública".

Grupo ADL considera que existen "indicios suficientes" para formalizar la denuncia. Subraya que Garfia "actuó con el mayor desprecio al cumplimiento de la ley, permitiendo con ello beneficiar a un licitador a tener conocimiento de información privilegiada en perjuicio del resto de los licitadores, y en concreto en perjuicio" de la actual adjudicataria.

Se expone además en la denuncia que estamos "ante una situación muy grave que incluso obligó a los representantes sindicales a poner en conocimiento de la Corporación la existencia de un grave delito de tráfico de influencias, entre otros, y todo ello en protección de la legalidad de los puestos de trabajo de la compañía y los 370 beneficiarios del servicio que presta".

La mercantil denunciante "presta un servicio social de primera necesidad y carácter sanitario" a esos cerca de 400 usuarios ayamontinos, "con 135 empleados a disposición de personas dependientes y que, en el ejercicio de sus funciones, tienen un historial impoluto", se sentencia.

Este diario contactó ayer con el propietario de Grupo ADL, Rafael Luque, quien manifestó que "mi empresa lleva cuatro años dando un servicio impecable y ejemplar". A su juicio, "se ha sacado esto a licitación con muchas prisas; desde mi parecer, nos quieren quitar de en medio". Y esto, opina, puede atender a que "entramos con un color político (PP) y ahora hay otro". Por ello expresa que "duele que todo sea por una pura cuestión política, cuando pones el alma en el servicio las 24 horas del día y siete días a la semana".

Huelva Información contactó ayer con el Ayuntamiento de Ayamonte para solicitar una reacción a esta denuncia. Desde el Consistorio se indicó a este rotativo que la teniente de alcalde de Servicios Sociales "no va a hacer declaraciones al respecto".