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Los ecologistas piden la aplicación de la sentencia del TSJA y el cierre de los pozos

  • Ecologistas en Acción muestra su respaldo a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y al colectivo WWF

Guardias civiles y personal de la Confederación Hidrográfica el pasado lunes.

Guardias civiles y personal de la Confederación Hidrográfica el pasado lunes. / Alberto Domínguez (Huelva)

La organización Ecologistas en Acción ha expresado este miércoles su "apoyo" a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y al colectivo WWF, tras los hechos ocurridos el pasado lunes, cuando "las movilizaciones de agricultores y ciudadanos de Lucena del Puerto impidieron ejecutar el cierre de pozos ilegales declarados por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)", y ha exigido "el cumplimiento de la legislación, lo que conllevaría el cierre de pozos y fincas declarados ilegales".

Así lo ha expresado Ecologistas en Acción en un comunicado después de que, el pasado lunes, cientos de vecinos, agricultores, trabajadores del campo, comerciantes -que han cerrado sus negocios- y de otros sectores de la localidad convocaran una concentración espontánea en el paraje donde se hallan 77 pozos ilegales sin sellar, que la CHG tiene planeado cerrar en cumplimiento de una sentencia del TSJA del año 2017, tal y como indicó la confederación y que no pudo efectuar tras la movilización ciudadana que lo impidió.

Tras ello, Ecologistas en Acción muestra su "apoyo" a WWF y a la CHG "por las amenazas sufridas, señalándolas como responsables del cierre de los pozos ilegales que riegan sus explotaciones de frutos rojos". Para Ecologistas, "es inaceptable, en un Estado de derecho, donde las leyes están para cumplirlas y las sentencias firmes para hacerlas ejecutar, que quienes han estado -y siguen extrayendo- aguas de forma ilegal, sean quienes determinen si las sentencias deben o no aplicarse según sus propios intereses".

Tras apuntar que "la situación es muy grave y a la vez compleja, condicionada por los años de dejadez de las administraciones con competencia en el espacio natural", desde Ecologistas aseveran que "ni los ayuntamientos, ni la Junta, ni el Ministerio, han podido o querido atajar el problema de la expansión del riego ilegal en la Comarca Norte de Doñana" y, "es más, en algunos casos lo han alentado de manera irresponsable".

La organización tacha además de "muy peligroso" el "discurso que el Partido Popular y Ciudadanos están trasladando a los regantes ilegales, prometiéndoles en campaña electoral, y tras la formación del Gobierno andaluz -sustentado por ambos partidos precisamente-, que para otorgarles seguridad jurídica tienen el compromiso del presidente de modificar el Plan Especial de Ordenación de la Corona Norte Forestal de Doñana".

"Pretenden dar agua a todos los agricultores, legales e ilegales, esquilmando las aguas que nutren al espacio natural más importante de Europa y compitiendo de forma desleal con los agricultores legales", critica Ecologistas en Acción, organización que cree además que "las administraciones locales, autonómicas y estatales deben trabajar con el compromiso de hacer cumplir las sentencias, evitando la sobreexplotación del agua y el deterioro de las masas de agua subterráneas, así como no gobernar bajo la política de hechos consumados".

De igual modo, Ecologistas en Acción "rechaza las propuestas que se plantean para solucionar el problema, como los trasvases desde la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras, no sólo porque no van a acabar con el problema de la extracción ilegal, sino que encima pretenden utilizar fondos públicos para lograr satisfacer intereses privados, algo que no puede ser entendido por la sociedad cuando se siguen recortando servicios sociales básicos cada día".

La organización agrega que "estas actuaciones contra natura desencadenan complejos e inesperados desequilibrios naturales", y "son además obras costosas y rígidas -irreversibles- que generan nuevas apetencias que no tienen límite de satisfacción posible, y llevan asociado un inimaginable mundo de intereses económicos y políticos". "Ecológicamente son un atentado a los ecosistemas fluviales, tanto a los cedentes como a los receptores", enfatiza la organización.

Así las cosas, Ecologistas en Acción "exige el cumplimiento de la legislación, lo que conllevaría el cierre de pozos y fincas declarados ilegales, por poner en serio riesgo los acuíferos, a la propia agricultura y a los espacios naturales que dependen directa o indirectamente del recurso agua", y desde el movimiento ecologista hacen "un llamamiento a la responsabilidad política y a la recuperación del bosque mediterráneo, sostén de actividades agrícolas y ganaderas respetuosas con el entorno natural y base de un mundo rural en riesgo de desaparición ante el continuo acoso de la especulación en el campo".

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