Doñana cumple 31 años como Patrimonio de la Humanidad bajo la amenaza de entrar en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro

La Unesco remarcó que la sobreexplotación de las aguas subterráneas sigue siendo "una preocupación crítica"

La Junta de Andalucía requiere al Gobierno que atienda las alegaciones y retire el deslinde de Doñana

Parque Nacional de Doñana.
Parque Nacional de Doñana. / H.I

El Parque Nacional de Doñana celebra este 17 de diciembre sus 31 años como Patrimonio de la Humanidad. Esta declaración fue otorgada en 1994 por la Unesco en reconocimiento a sus valores excepcionales como humedal y la importancia geológica de sus marismas.

Doñana alcanza este aniversario en una mejor situación hídrica gracias a un último año hidrológico húmedo -el primero desde 2010- y a un ejercicio actual que ha comenzado con buenas previsiones. Si bien estas lluvias han permitido que la marisma presente un mayor estado de inundación, aún no son suficientes para que comience a vislumbrarse una recuperación real del acuífero.

La efeméride llega bajo la amenaza de entrar en la "Lista del Patrimonio Mundial en Peligro", si, según advirtió la Unesco el pasado julio, España no logra aplicar de manera "rápida y eficaz" medidas de conservación para revertir el declive de las aguas subterráneas.

A esto se suma un disenso manifiesto en relación con el deslinde de sus marismas aprobado por el Gobierno, medida que cuenta con el rechazo de la mayoría de los sectores implicados.

Una de las lagunas de Doñana llena de flamencos.
Una de las lagunas de Doñana llena de flamencos. / Josué Correa

Durante la última reunión del Comité del Patrimonio Mundial celebrada en París, la Unesco remarcó que la sobreexplotación de las aguas subterráneas sigue siendo "una preocupación crítica". A pesar de valorar las medidas en curso, el organismo consideró que no se ha logrado aliviar la presión sobre el acuífero, por lo que conminó a redoblar esfuerzos para evaluar con precisión las tasas de recarga, establecer umbrales de extracción sostenibles y mejorar los mecanismos de cumplimiento.

Según el 'Informe preliminar sobre el estado de los acuíferos del entorno de Doñana' del año hidrológico 2024-2025, el sistema sigue mostrando una tendencia desfavorable, ya que la mayoría de sus zonas están en situación de "descenso significativo", pese a que las lluvias del último año permitieron poner fin a un "largo episodio seco".

El informe ha subrayado que la recuperación del acuífero requiere no un año húmedo aislado, sino un nuevo período húmedo prolongado o, al menos, la alternancia climática habitual que se perdió tras el ciclo 2011/2012.

Más allá de la evolución del acuífero, el Gobierno central y la Junta de Andalucía continúan desarrollando el "Acuerdo por Doñana". Alcanzado en noviembre de 2023, este pacto busca garantizar la protección del parque y el desarrollo sostenible de su área de influencia mediante la movilización de más de 1.400 millones de euros, con dos años aún de vigencia por delante.

No obstante, el consenso que simbolizó este acuerdo se ha visto perturbado en 2025 por la aprobación, por el Ministerio para la Transición Ecológica, de un deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre.

Este tramo de unos 118.772 metros afecta a las marismas de Doñana en los municipios de Hinojos, Almonte y Aznalcázar, este último en Sevilla. La medida ha sido rechazada por particulares, organismos e instituciones, incluido el Consejo de Participación de Doñana.

El rechazo se fundamenta en que los detractores sostienen -en contra del Ministerio- que el funcionamiento hidrológico de las marismas es pluvio-fluvial y no mareal, como acredita una abundante literatura científica y técnica, y defienden que estos terrenos no son susceptibles de un deslinde de dominio público marítimo-terrestre.

En este contexto, las peticiones al Gobierno para que retire el deslinde y realice uno ajustado a la realidad ecológica de Doñana han sido reiteradas. La última ha partido de la Consejería andaluza de Medio Ambiente mediante un requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa, que está a la espera de respuesta de la administración central.

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