La deuda de 253.000 euros de la Junta pone en peligro la atención a domicilio

El Ayuntamiento de Almonte ha dado la voz de alarma por el agujero que la Junta de Andalucía mantiene en las arcas públicas por el desarrollo de los servicios adscritos a la ley de dependencia. La deuda con la empresa pública de Servicio de Atención a Domicilio de Almonte (SADA) alcanza los 253.000 euros, según el primer teniente de alcalde y portavoz del PP en Almonte, José Joaquín de la Torre. Impagos que, a su juicio, comprometen el abono de las nóminas de las 45 personas que mantiene en plantilla la entidad.

El servicio da cobertura a 122 usuarios, de los que 89 son beneficiarios de una prestación por dependencia, a los que se les dedica 4.917 horas al mes. Las otras 32 personas disponen de algún tipo de ayuda municipal, a los quienes se le destina 348 horas al mes, casos estos últimos que se financian con cargo a las arcas locales.

La Junta delega la gestión de la ayuda a domicilio en los Ayuntamientos que disponen de más de 20.000 habitantes, mientras que en el resto de urbes son las Diputaciones o Mancomunidades quienes desarrollan y gestionan el servicio. Por consiguiente, en Almonte el servicio se articula a través de SADA, siendo el propio Ayuntamiento "quien abona puntualmente el pago a todas nuestras trabajadoras, por lo que se puede decir que financiamos a la Junta".

En concreto, el último pago corresponde al mes de julio y ascendió a 84.000 euros. En virtud de estas cifras y dado que no se han satisfecho los meses de agosto, septiembre y octubre, el montante económico alcanza ya los 253.000 euros.

En 2008 el anterior equipo de gobierno socialista instó a la Empresa Municipal para la Inserción Laboral de Discapacitados (Emildad) a constituir una filial que diese cobertura a la Ley de Dependencia que promovía el ejecutivo de Rodríguez Zapatero. De este modo, se trataba de ofrecer una "atención íntegra, individual, familiar y social de las personas usuarias".

De la Torre lamentó que la "morosidad de la Administración ponga en riesgo la liquidez de una entidad púbica" que genera un empleo de calidad y estable que se traduce en el mantenimiento de 43 auxiliares de ayuda a domicilio, dieciocho de las cuales tienen una jornada laboral de 35 horas semanales, diecinueve registran en este mismo periodo 30 horas, mientras que seis de ellas suman 20, amén de la coordinadora social y el gerente.

Fuentes del Ayuntamiento de Almonte señalaron que el principal objetivo de SADA es prestar "apoyo a personas y familiares garantizándoles su autonomía dentro del marco de convivencia que le es propio". Todo ello "a través de la realización de una serie de prestaciones de servicios que se adaptan a las necesidades y demandas concretas del usuario".

La Junta de Andalucía está encontrando dificultades para financiar el desarrollo de la ley. Como primer paso ha aplazado la entrada en vigor de las ayudas a quienes sufren una dependencia moderada.

Bien es cierto que el Estado le ha recortado la aportación mínima con cargo a la Administración central, lo que se traduce en la merma de unos 21 millones de euros. Sin embargo, para cuadrar este desajuste se ha anunciado un descenso de un 15% de las aportaciones a los cuidadores dentro del entorno familiar. En consecuencia, desde el Ayuntamiento se alude que "no existen razones que justifiquen los retrasos". Aun así, los socialistas recordaron que cada día se invierte tres millones de euros para el desarrollo de esta ley cuyo número de beneficiarios en la comunidad durante el 2011 ascendía a 191.303 personas según los datos del propio Imserso. De este modo, Andalucía es la cuarta región con más beneficiarios del País si atendemos a la población (2,29%), así como la región en la que más ciudadanos solicitaron alguna prestación. En total 413.742, el 4,94% de sus habitantes.