La crisis aparca una sentencia

"No se pueden adquirir nuevos compromisos económicos". Con esta frase la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Huelva aparca el cumplimiento de una sentencia judicial que ordena la demolición parcial de una vivienda ilegal a cargo del propietario y conforme al proyecto técnico que elaboren para este fin las consejerías de Medio Ambiente y Obras Públicas. El objetivo del fallo es garantizar "la restauración total del espacio afectado, así como el pago de las costas de la presente instancia", según indica el fallo.

Esta respuesta se produce después de que una sentencia del Juzgado de lo Penal nº 4 de la Audiencia Provincial de Huelva condenara a un vecino de Cabezas Rubias por un delito contra la ordenación del territorio, concretamente por levantar una vivienda unifamiliar de una planta en un terreno no urbanizable sin protección en el término municipal de Cabezas Rubias. La sentencia tiene fecha de 24 de noviembre de 2010.

La casa de unos 120 m2 se levantó en el paraje Adelfa Blanca de dicho municipio andevaleño.

La Delegación de la Junta justifica su postura con "los reajustes económicos que se han llevado a cabo recientemente dentro de la administración pública autonómica, por lo que resulta materialmente imposible atender la solicitud". Además indica que el ejercicio de las potestades de disciplina urbanística corresponden en primera instancia a los ayuntamientos, así que entiende que el fallo de la sentencia debería "dirigirse (...) al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique la construcción a demoler, en este año, al de Cabezas Rubias".

Esta respuesta de la Junta forma parte de un periplo judicial que el ex concejal del Ayuntamiento de Cabezas Rubias Leonardo Macías inició en el año 2005. La historia se remonta al año 2004 cuando Macías consideró que el alcalde Esteban Naranjo (entonces del PA) trataba de autorizar la construcción de una vivienda "irregular porque estaba en terreno municipal, del pueblo", dice. Macías narra que en agosto de 2004, el Pleno municipal, a propuesta del alcalde, dio luz verde a la autorización, aunque posteriormente no quedó reflejado en ningún acta. "Yo fui el único concejal que votó en contra y, a partir de ahí, comencé a tener problemas con el alcalde", asegura. Entonces, Naranjo y Macías estaban en el mismo partido, el PA. En las siguientes elecciones el alcalde se pasó al PSOE mientras Macías siguió con el PA y se quedó fuera de la Corporación municipal. El conflicto urbanístico influyó en estas decisiones, Macías justifica que siguió adelante con la denuncia en favor de su pueblo mientras Naranjo asegura que busca "la revancha política" por no lograr votos suficientes para seguir en el Ayuntamiento.

La cuestión es que el vecino, ahora condenado, empezó a levantar la vivienda ilegal en otoño de 2004. Leonardo Macías lo denunció ante las administraciones públicas (Ayuntamiento y Junta) en enero de 2005 y ante el juzgado al final de ese año, una vez que la primera vía se bloqueó. Esta defensa de la ordenación del territorio le costó "insultos y amenazas" por parte del alcalde y del dueño de la casa que también llevó a los juzgados.

La denuncia ante la Delegación de Obras Públicas de la Junta de Andalucía dio lugar a varios informes. El último, con fecha del 25 de octubre de 2005, estableció suspender "provisionalmente la tramitación de las actuaciones inhibiéndose a favor del Ayuntamiento de Cabezas Rubias". Esto a pesar de contar con un informe previo que apreciaba "una infracción muy grave" contra la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. A partir de aquí, Macías acudió a la vía judicial.

Casi seis años después el juez implica en la resolución del conflicto a la Junta de Andalucía. Leonardo Macías no entiende cómo la administración regional sigue sin actuar, a pesar de la sentencia, y apunta "a tratos de favor" para justificarlo, "no hay otra explicación", asegura. Macías se indigna porque, de nuevo, se aprecian obras en el entorno de la casa ilegal ante la pasividad de las administraciones. Lamenta que las obras no sean, precisamente, para ejecutar el derribo parcial que ordena el fallo de la sentencia sino para canalizar una manguera que, aparentemente, dará "luz o agua a la vivienda", manifestó el ex concejal de Cabezas Rubias.

Según Macías, la vivienda se levantó en terreno municipal, pero el alcalde Esteban Naranjo lo niega rotundamente a partir del histórico patrimonial del Ayuntamiento. "Hemos colaborado con el juzgado y quedó demostrado que el terreno no es municipal", aunque reconoce la ilegalidad cometida, según reza en el fallo de la sentencia. Naranjo insiste en que al denunciante le mueven motivos personales.