Los cortes de agua por impago enfrentan al Ayuntamiento y a la suministradora

Las relaciones que mantienen el Ayuntamiento de Moguer y Aqualia han vuelto a enfrentarles públicamente después de que la institución local publicara en su perfil social un comunicado en el que achaca a la empresa privada "la responsabilidad de los cortes de suministro a los usuarios por impagos de recibos". La compañía, concesionaria del servicio desde el 2009, estima que el Ayuntamiento sólo busca "eximir sus responsabilidades", máxime cuando "la concesión del servicio a una empresa privada no implica la pérdida de la titularidad municipal.

El equipo de gobierno que lidera Gustavo Cuéllar (PSOE), invita a los ciudadanos a que para cualquier reclamación o consulta en relación con estas interrupciones se dirijan al servicio de atención al cliente de Aqualia, en la calle Rábida, al ser ésta quien define su política de acción por impagos.

La empresa reitera a Huelva Información que "el Servicio Municipal de Aguas es un sistema solidario" en virtud del cual los perjuicios que generan los morosos afectan al bienestar y la calidad de quienes sí están al día en sus pagos.

Con independencia de ello, añadió que Aqualia "está en constante coordinación con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, por lo que en ningún caso corta el agua a las personas que desde esta delegación municipal se les indica".

La compañía apuntó que "son ellos quienes, en virtud de sus baremos y estudios de perfil de familia, definen qué personas pueden ser receptoras de la ayuda para el pago del recibo del agua". Aqualia añadió que no dispone de información que le permita determinar las razones por las que una persona no afronta el pago. En consecuencia, su "obligación" es, si persiste el impago, cortar el suministro. Una medida excepcional que, subrayó la compañía, se desarrolla con todas las garantías legales: tres notificaciones de aviso, lo que deja a los usuarios "casi 100 días para saldar su deuda o acudir a Servicios Sociales a demandar la ayuda" que, en última instancia, evita el corte del suministro.

Una lectura diametralmente opuesta realiza el edil moguereño, quien censura a la compañía por "no dar ninguna tregua a sus vecinos, por lo que desde el primer recibo de impago se inicia el protocolo para notificarles que dejarán de abastecerles un bien de primera necesidad como el agua". El edil reiteró que el Ayuntamiento ha "duplicado en sus presupuestos la cuantía destinada a socorrer a las familias que no pueden afrontar el pago". En concreto, se ha pasado de "60.000 a 120.000 euros, si bien la compañía privada no muestra ninguna permisividad; algo que con Giahsa no pasa".

Para Cuéllar todo responde al enfrentamiento que Aqualia mantiene con la institución local, que se materializa con un cumplimiento estricto del cobro de los recibos. Sin embargo, añade, la situación en la que se encuentra Moguer no es un hecho aislado, sino que representa el modus operandi en aquellos municipios donde las relaciones no son las más idóneas. "Pregunten si no en Bollullos", conminó el edil.

En cualquier caso, la empresa dejó claro que "ofrece facilidades de pago a través de aplazamientos a aquellas personas que tienen voluntad de cumplir con su obligación pero no pueden por problemas económicos". En los últimos cinco años "se han establecido en Andalucía 22.137 planes de pago personalizados". A nivel local, en 2015, "en Moguer, 61 familias se beneficiaron de planes de pago personalizados con un total de más de 71.500 euros aplazados, lo que muestra la predisposición de Aqualia a ayudar a aquellas personas que realmente quieren pagar".

En 2009, el Ayuntamiento de Moguer, gobernado entonces por el PP, aprobó en sesión plenaria la adjudicación del servicio de agua en la localidad por un plazo de 25 años a la empresa Aqualia, tanto en el municipio como en el núcleo costero de Mazagón. La propuesta salió adelante con los votos a favor de los concejales del grupo popular, mientras que los socialistas votaron en contra.

Esta decisión del Ayuntamiento comenzó a fraguar tras la municipalización del servicio de agua y la decisión del Consistorio de no incorporarse a la nueva mancomunidad MAS, al considerar que resultaba "más beneficioso para el municipio encomendar la gestión a una empresa externa". El rescate inicial del servicio de agua y las instalaciones y su posterior privatización no estuvo exento de polémica.