El sector de los frutos rojos ha presentado sus datos respecto a los cultivos de las distintas variedades para esta campaña. Así, tal y como ha trasladado el gerente de la Interfresa, Pedro Marín, la superficie total cultivada en la provincia asciende a 11.630 ha, “cifra que supone una bajada del 1’8% con respecto a la campaña del pasado año”. 

Atendiendo a los cultivos, la fresa es una año más la variedad que más hectáreas ocupa, 6.105 ha, un 2% menos que en la campaña anterior.  La superficie destinada al cultivo de arándanos es la que única que ha crecido, más de 7%, algo que les lleva a alcanzar las  3.110 ha. La frambuesa es la bajada más acentuada, un 10%, lo que sitúa a este fruto en las 2.070 ha; y la mora, el cultivo más minoritario, se mantiene igual que en la pasada campaña con una superficie de 145 ha. 

Con estas cifras, ha explicado José Luis García-Palacios Álvarez, presidente de Interfresa, el sector se enfrenta a una campaña difícil, “marcada principalmente por la importancia que el clima natural tiene en los cultivos de frutos rojos en la provincia, así como por las dificultades que para comercializar que estamos encontrando a causa de las complicadas circunstancias de este año”. En este sentido, ha añadido García-Palacios, “además de las complicaciones generadas por los cierres de fronteras provocados por la pandemia, estamos detectando que el mercado está empezando a no tener capacidad para absorber la producción, pero habrá que esperar a junio para conocer la situación global”.

Por otro lado, el presidente de Interfresa ha querido poner el foco en los trabajadores del sector y en los continuos ataques que reciben, “un sector que es vital para la economía onubense, compuesto por un empresariado serio y sensible que no va a permitir que por culpa de una minoría se les ataque”.

Así, García-Palacios ha garantizado que ellos son los primeros en estar vigilantes a la hora de detectar posibles irregularidades, “y cuando tengamos conocimiento procederemos a la denuncia inmediata para salvaguardar la honra, la dignidad y la viabilidad de la inmensa mayoría de explotaciones y de sus trabajadores”. “No vamos a consentir que nadie venga a deteriorar la imagen de nuestro sector ni de nuestra provincia”, apostilla.

Marín muestra algunos de los ataques al sector durante la rueda de prensa

Según los datos presentados por la interprofesional de los frutos rojos, el sector genera entre 80.000 y 100.000 puestos de trabajo cada campaña. De estas contrataciones, el 52% son españoles, el 20% de origen comunitarios y el 28% de fuera de la Unión Europea, cifras dejan constancia de la importancia del sector.

En este sentido, el gerente de Interfresa, Pedro Marín, ha insistido en que “no se puede consentir el ataque y la demonización” de un sector que representa 11.630 hectáreas de plantación, 1.300 productores, seis asociaciones empresariales, y que es “punta fundamental de la economía onubense”.

Asimismo, ante las preguntas de los periodistas, Marín no ha tenido reparos en contestar a cuánto asciende el salario de los temporeros, uno de los aspectos por los que más se ataca al sector desde diferentes frentes:“está regulado por el convenio colectivo, se establece el mismo para todos los trabajadores, independientemente de su género o su procedencia, y está cifrado en torno a los 1.300 euros al mes”.

Marín también ha subrayado que durante la campaña 2019-2020, “solo se han producido dos denuncias en empresas del sector, lo que supone un 0,0015 por ciento de la totalidad de las empresas que componen el tejido del sector de los frutos rojos” y que implican a 18 personas afectadas, “un 0,0018 por ciento de los trabajadores del sector”.

Por ello, ha defendido que serán “contundentes” contra todo el que actúe “con impunidad”, pero que “no se puede consentir la globalización que se hace al sector” porque “cualquier ataque tiene que estar avalado y es mucho el daño que se hace”, al tiempo que ha señalado que el pasado 4 de marzo el fiscal de Extranjería “afirmó que no existían indicadores de ningún tipo de violencia sexual en el campo”.

Para terminar, Marín ha hecho referencia a los asentamientos cercanos a las lolcalidades productoras y ha exigido a las administraciones una solución ya que consideran “injusto” que se responsabilice al sector de los mismos, destacando que ya en 2010 solicitaron al Ministerio Fiscal que “actuará contundentemente para determinar cuáles son las competencias de cada administración para que se solucionara el problema”.