La carencia de memoria económica lastra la puesta en marcha del II PDS de Doñana
La Estación Biológica (EBD) califica el nuevo Plan como "un hito positivo que cuenta con gran respaldo social", pero advierte carencias presupuestarias





El éxito o el fracaso del II Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana (PDS) vendrá supeditado, en gran medida, a que las actuaciones e infraestructuras programadas dispongan del preceptivo respaldo de una memoria económica que haga realidad la inversión prevista de 145, 3 millones de euros. Al menos ese es el diagnóstico que realiza el director de la Estación Biológica de Doñana, Fernando Hiraldo, quien valora como "un hito positivo en la conservación" del medio ambiente y del propio Parque la aprobación de una nueva hoja de ruta que defina y sirva de timón a la propia administración y todos los agentes sociales que lo respaldan.
Un éxito, apuntó Hiraldo, fruto del diseño de un plan que nace construido en sus cimientos "desde la base social, de abajo a arriba", a la par que va "precedido de un debate discutido hasta la saciedad, precisamente en contraposición con lo ocurrido en el primer PDS, en el que el corpus del documento estuvo tutelado por un grupo de expertos internacionales".
Sin embargo, Hiraldo no ocultó su preocupación por que "después de todo el esfuerzo invertido no existan fondos que permitan traspasar los proyectos del papel a la realidad, debido a la carencia de memoria económica".
Cabe recordar que en este nuevo PDS la Junta tendrá que redoblar sus esfuerzos, aportando 75,25 millones de euros, es decir algo más de la mitad del montante global, cuando en el primer PDS su aportación se limitó al 25%. El resto de los recursos se estiman que lleguen por parte de la Comunidad Europea, quien financiará la propuesta con 60,37 millones de euros, mientras que la Administración central hará lo propio con 9,75 millones.
El científico del CSIC aboga por priorizar el papel de las corporaciones a la hora de liderar o poner en marcha los proyectos municipales, por encima de las fundaciones.
De igual modo lanzó un aviso a navegantes a la hora de reclamar que el consenso logrado en el diseño del Plan no se vea constreñido o dilapidado a nivel político cuando las conclusiones de los expertos, a quien corresponderán la redacción de los dictámenes sobre determinadas infraestructuras, puedan chocar frontalmente con sus intereses.
El otro gran reto que se vislumbra es la regulación de los recursos hídricos. Un proceso que, según el propio Hiraldo, se encuentra en un avanzado estado de gestación y que, además, conforma una de las prioridades en las que parecen coincidir todos los agentes sociales y empresariales.
Por una parte, son los propios agricultores quienes desean contar con un respaldo jurídico a las extracciones del acuífero 27 o, en su defecto, disponer del agua superficial. Una sempiterna promesa, el agua del Chanza, que data del año 1982 y que nunca termina de materializarse.
En la otra parte se encuentran los ecologistas, quienes sustentan que la regulación es el único medio con el que garantizar, de una vez por todas, los humedales y hábitats hídricos, tanto dentro como fuera de los espacios protegidos y, en particular, de las lagunas permanentes y temporales del cordón dunar del interior del Parque Nacional. A ello cabe sumar los humedales de las zonas de descarga del acuífero alrededor de la marisma y los hábitats del sistema Alamillo-Abalario.
Una tarea que a priori no se presume nada fácil, principalmente porque el informe de Sostenibilidad Ambiental ya prevé grandes tensiones por el uso de los recursos hídricos y la dificultad de casar intereses tan antagónicos.
Por lo demás, todo el espectro social coincide en subrayar que sobre el papel no existe nada que objetar a un documento henchido de buenas intenciones, programas e inversiones que pretenden dar un impulso al desarrollo económico, social y medioambiental de los catorce municipios que integran el entorno de Doñana.
Sin embargo, el primer Plan, aprobado en 1993, contó con una inversión de 344,8 millones de euros (más del doble de la destinada a su documento heredero) y, aun así, dejó en el tintero un gran número de programas pendientes. Entre ellas destaca la depuración de aguas residuales, como las dos estaciones depuradoras que tratarán los residuos de Almonte, Rociana y Bollullos, infraestructuras que serán una realidad a finales del 2010, según sostienen desde la delegación de Medio Ambiente; el control de las extracciones agrícolas del acuífero 27, que hasta el momento se ha mantenido en una especie de amnistía no oficializada; o la esperada regulación de los cultivos de la corona forestal. En este punto el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo, se comprometió a zanjar esta cuestión siempre "compatibilizando el legítimo desarrollo agrícola con las necesidades hídricas de Doñana". De este modo y aunque no ofrece fechas concretas, sí que precisa que será con "brevedad" e involucrará a las consejerías de Agricultura y Obras públicas".
La nueva hoja de ruta tratará de finalizar los flecos que quedaron pendientes en materias como el fomento del transporte público por carretera y ferroviaria. Una de las críticas más generalizadas radica en que el primer Plan se diluyó en las actividades complementarias como la organización de campañas de sensibilización, encuentros de intercambios de experiencias o distintos foros de turismo, agricultura, formación y comunicación, donde si se ha hecho un excelente trabajo.
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