Los ex campistas del Catapum llegarán al Tribunal andaluz

Los usuarios que fueron desalojados del camping Catapum de Cartaya siguen su lucha. Así, han anunciado que acudirán al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ya que rechazan el último fallo del juzgado de lo contencioso administrativo de Huelva. Los ex campistas apelarán al tribunal que dictó en su día una sentencia en el que se declaraba improcedente la autorización de entrada al camping para su desalojo en los términos en que se efectuó.

Los usuarios del camping insisten en que se repongan de manera inmediata por parte del Ayuntamiento de las instalaciones en el mismo estado en que se encontraban antes de marzo de 2004 cuando fueron desmanteladas. Los ex campistas han presentado varios recursos que han desestimado las medidas cautelares que el colectivo ha solicitado.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó en su día una sentencia en el que se declaraba improcedente la autorización de entrada al camping para su desalojo en los términos en que se efectuó.

El TSJA señalaba que la manera en que se realizó el desalojo de los campistas, para dar cumplimiento al decreto por el que se establecía el cierre del camping y la demolición de sus instalaciones, ha vulnerado la ley por lo que solicitaba la restitución o reposición originaria del camping a los campistas.

El auto indicaba que el desalojo debió realizarse una vez identificados personalmente cada uno de los campistas y singularizados cada uno de los casos. Cuando se produjo el desalojo al menos dos personas residían de forma habitual y permanente en el camping, constando en el padrón municipal que ese era su domicilio legal.

Una vez declarada la improcedencia de entrada y el desalojo de las instalaciones, los campistas presentaron un requerimiento al consistorio cartayero para que repusiera de inmediato las instalaciones del camping como estaban antes.

En marzo de 2004 se dictó un auto por el que se autorizaba la entrada a las instalaciones para hacer efectivo el cierre del camping, la demolición de las instalaciones y el desalojo de los campistas, debiéndose llevar a cabo en el plazo de veinte días. Contra dicho auto fue interpuesto el recurso de apelación ante el Tribunal andaluz.

Casi cinco años después el conflicto continúa abierto, mientras los campistas denuncian que las instalaciones sirven ahora de aparcamientos e insisten en que el cierre y desalojo del camping obedece a una cuestión meramente especulativa.