Provincia

Una campaña que se desploma

  • La empresa señalada por el SAT y Podemos rechaza las acusaciones, que tilda de "mentiras"

  • El diputado Diego Cañanero insiste en que "en Huelva se vive en esclavitud"

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Manuel Matos es el responsable de la empresa señalada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT, antiguo SOC) y por los cargos de Podemos, Diego Cañamero, parlamentario nacional, y Libertad Benítez, diputada en Andalucía. En la tarde de ayer, en una conversación mantenida con Huelva Información, no salía ni de su asombro, ni de su indignación por las acusaciones vertidas contra una empresa que "en 38 años no hemos tenido problema alguno". "Abusos sexuales y laborales, pésimas condiciones de esclavitud" y la crítica generalizada que se extendió durante semanas después de que un reportaje de una publicación alemana extendiera las sospechas sobre un sector que ha reaccionado al unísono. Matos, no se corta al calificar dichas acusaciones de "calumnias, mentiras y difamaciones de alguien que se disfraza de defensor de la gente del pueblo y que es un perfecto reflejo de cómo está la clase política".

Imagen de las temporeras a las que acompañaron dirigentes de Podemos ante la Inspección de Trabajo. / ALEX FERNÁNDEZ Imagen de las temporeras a las que acompañaron dirigentes de Podemos ante la Inspección de Trabajo. / ALEX FERNÁNDEZ

Imagen de las temporeras a las que acompañaron dirigentes de Podemos ante la Inspección de Trabajo. / ALEX FERNÁNDEZ

"Aquí no se retiene a nadie, ni se las expulsa de la finca; se pagan los salarios el día 5 de cada mes, no se cobran los traslados a Huelva; por supuesto que las viviendas nos gustaría que fueran mejores, pero jamás hemos tenido problema alguno con la Inspección de Trabajo, que las ha visitado y que da el visto bueno puesto que cumplen con la legalidad vigente".

Ante esa entidad, a mediodía de ayer, los cargos de Podemos se presentaron con varias trabajadoras temporeras marroquíes. Cañamero tomó la voz cantante y recordó que "pusimos una denuncia en la Guardia Civil de El Rocío, donde terminamos a las cuatro de la madrugada". Óscar Reina, secretario general del SAT, confirmó a Huelva Información que se han interpuesto cuatro denuncias: "una por denegar el auxilio médico a una trabajadora, dos por ponerlas en un autobús para expulsarlas de la finca, una por acoso sexual y la última por todo en conjunto; también estudiamos poner una más por intento de soborno".

Frente a ello, Juan Ángel Rivas, abogado de la empresa aseguró a este periódico que "hasta ahora, no hemos tenido conocimiento de denuncia alguna, ni por parte de la Inspección de Trabajo, ni de la Guardia Civil, ni de la Policía y quiero recordar que se trata de asuntos más que graves, ya que si fuesen ciertos esos hechos de abusos sexuales, nos hubiesen citado de inmediato, o se nos hubiera requerido información alguna". Su convencimiento es que "creo que no lo han hecho porque no dan credibilidad a dicha denuncia, si es que la ha habido". También recordó que "lo que no dicen los representantes del SAT, es que en la empresa hay casi 400 mujeres trabajando y que la inmensa mayoría de ellas se enfrentaron a ellos porque no estaban de acuerdo con lo que hacían".

Esta versión fue confirmada por fuentes conocedoras de los hechos presuntamente denunciados, que señalaron a Huelva Información que "las denuncias que hasta este momento tenemos en lo que va de campaña, son por cuestiones estrictamente laborales, como que no se les pagan las horas que habían acordado, o que se les abonan menos cajas de las que recogen, es decir, algo que pasa todos los años y por cuestiones menores, en el mismo número que otras veces".

El diputado Cañamero no desaprovechó la oportunidad para hablar de que un "régimen de esclavitud es el que se vive en los campos de Huelva" y denunció que "a las trabajadoras las cobran por el viaje, y tres euros diarios por la luz, lo que supone miles de euros para los empresarios". Tampoco dejó al margen a la propia Inspección de Trabajo ante la que ayer interpuso las denuncias de nueve jornaleras y a la que acusó de "complicidad con este sistema". De Palos a Moguer y "toda la comarca de la fresa", fue acusada de "abusos continuados" y a su juicio de "abonar los frutos con miseria e injusticia; queremos poner nombres y apellidos a quienes acosan a estas trabajadoras, a quienes se tiene secuestradas, sin saber ni tan siquiera lo que les van a pagar por su trabajo".

Óscar Reina, secretario general del SAT, añadió que "se trata de una situación que se vive desde hace años en Huelva y no entendemos cómo hasta ahora no se ha denunciado: tenemos que parar esta campaña de amenazas y de denuncias de acoso; proteger a unas personas que llegan aquí a ganarse el pan y que no les queda otra que aguantar lo que les hagan. Eso se acabó. Vamos a seguir denunciándolo".

Lo que se le olvidó contar es que, según pudo saber Huelva Información en la visita que hicieron a una de esas fincas, la mayoría de las trabajadoras les invitaron a marcharse por no estar de acuerdo con lo que les decían.

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