Tras cuatro años y medio, los vecinos de la calle Hinojos y la barriada de El Tagarete pueden volver a salir a la calle, recuperar la costumbre de tomar el fresco en las puertas de sus casas o irse de viaje con tranquilidad, es decir, volver a la vida que tenían antes de que unos okupas asaltaran una pequeña urbanización que une los barrios anteriormente citados.

Todo comenzó cuando la inmobiliaria propietaria de las casas entró en quiebra. Los inmuebles que se encontraban totalmente finalizados, listos para entregar, quedaron en un limbo legal, ya que no quedaba claro quién era el propietario debido a un litigio judicial.

El desamparo que sufrieron las fincas fue aprovechado para que robasen los sanitarios, lavabos, placas solares, cableado eléctrico y otros productos que eran aprovechables para volver a instalar en otras viviendas o vender. Con los inmuebles expoliados y sin puertas que evitasen la entrada de personas, la situación de vulnerabilidad aumentó.

Este escenario fue aprovechado para que los primeros okupas retirasen las vallas y se alojaran en las primeras viviendas. Al poco tiempo, el desalojo masivo de unos pisos situados en la avenida Ronda de Legionarios provocó una avalancha de ocupaciones del resto de moradas, llegándose a producir algún tipo de beneficio para los que promovieron las ocupaciones, efectuándose compraventas y/o alquileres ilegales.

Según los vecinos, “había una valla en la entrada de la urbanización, la quitaron, rompieron las puertas y las ocuparon”. Fue la primera fase de un periodo de tiempo que se convertiría en un calvario que no se esperaban.

“Las casas, al principio, tenían luz y agua potable proveniente de la red general, pero a pesar de que las compañías les cortaban el suministro, a los pocos días, volvían a tenerlo debido a que realizaban enganches ilegales”, cuentan los vecinos. Esta situación provocó varios incendios en el tendido eléctrico que empeoró el suministro a las viviendas colindantes.

Al final, las compañías optaron por la opción de cortar el suministro en toda la acera contigua a la urbanización, teniendo que realizar conexiones individuales a las casas afectadas por el corte. Este corte definitivo se realizó definitivamente hace menos de un año.

A primera vista, no parece que la ocupación de unas viviendas y el acceso al suministro eléctrico y de agua pueda suponer un problema para los vecinos. Los problemas comenzaron con la tenencia de animales, caballos y mulos, en la vía pública durante todo el día, música y ruidos hasta altas horas de la madrugada, fogatas en mitad de la calle y peleas. “Eran problemas de convivencia” nos confiesan.

Ante esta situación se encontraban indefensos, ya que por parte de las autoridades no les daban soluciones, pues cuando daban un aviso y se marchaban, “volvían a las andadas”.

Al problema de la convivencia vecinal se unieron los problemas de salud pública, porque tiraban basura a la calle, miccionaban y defecaban en los descampados aledaños, los excrementos se acumulaban en un garaje subterráneo por la rotura de los desagües de las viviendas, anegándolo y generando un foco de mosquitos, acumulación de muebles rotos y desperdicios en la vía pública.

Esta situación de insalubridad provocó algún foco de enfermedades infectocontagiosas, malos olores y la propagación de plagas de animales.

En el momento álgido de la ocupación, cuando no se tenía el control de las personas que habitaban la urbanización, llegó el pico más alto de inseguridad ciudadana.

En un principio hubo roturas de coches y quema de contenedores, continuaron con incendios en las viviendas, coches y contenedores de basura, hasta llegar al culmen de la falta de seguridad cuando sucedieron los robos en viviendas, intimidaciones a los vecinos, detenciones y redadas por ser un punto de venta de drogas y algún caso de violencia de género.

Los vecinos, ante la desprotección que sufrieron, tuvieron que contratar sistemas de seguridad privada, tener las puertas cerradas durante todo el día y evitar salir o entrar de casa en horas intempestivas.

La situación de inseguridad llegó a tal punto que se generó una gran alarma social en la población palmerina. Los vecinos crearon un grupo de Facebook para avisar de situaciones de riesgo y denunciar los actos vandálicos, ya que los habitantes evitaban pasar por dicha calle ante los incidentes que acaecían.

La denuncia y movilización ciudadana no cayó en saco roto y, aunque tardó demasiado, se empezaron a tapiar las entradas de las casas desocupadas para evitar que volvieran a ocuparse, el proceso se inició en Semana Santa por parte de la Policía Local y Ayuntamiento, que ha finalizado esta semana con el cerramiento de todas las viviendas y de la calle para finalizar un calvario que ha durado cuatro años y medio para los vecinos de la Calle Hinojos y la Barriada de El Tagarete.

“Por fin, podremos vivir con tranquilidad y volver a asomarnos a la puerta” sentenciaron los vecinos.