El Ayuntamiento de Almonte pone fin a la concesión del columbario de El Rocío con un coste de más de 700.000 euros

El Ayuntamiento de Almonte ha iniciado el procedimiento para resolver por mutuo acuerdo la concesión administrativa otorgada en 2015 para la instalación y explotación de un columbario en el sector SR-5 de El Rocío, una concesión que nunca llegó a materializarse y que, tras casi una década sin una solución definitiva, obliga ahora al Consistorio a afrontar un coste de más de 770.000 euros derivado de los gastos acreditados por la empresa concesionaria.

La actuación municipal tiene como objetivo "cerrar una situación heredada, jurídicamente compleja y prolongada en el tiempo, que ha generado consecuencias económicas para las arcas públicas y un escenario de inseguridad jurídica para el Ayuntamiento". Los informes técnicos y jurídicos advierten de que "no actuar o hacerlo de forma unilateral habría supuesto un riesgo económico aún mayor para el municipio".

La concesión fue adjudicada en abril de 2015 por un periodo de 50 años. Sin embargo, el proyecto no pudo desarrollarse debido "a impedimentos urbanísticos y administrativos que impidieron la ocupación efectiva del suelo y la obtención de las licencias necesarias para la construcción del columbario".

Pese a ello, la concesión no fue anulada ni revocada formalmente, dando lugar "a una situación anómala": el concesionario había cumplido con sus obligaciones iniciales pero no pudo ejercer el derecho concedido, mientras el Ayuntamiento tampoco resolvió de manera expresa el contrato.

Durante mandatos anteriores se intentó declarar la nulidad de la concesión, una vía que fue rechazada por el Consejo Consultivo de Andalucía, al no apreciarse causas suficientes de nulidad de pleno derecho. Los informes actuales subrayan que una revocación unilateral, transcurridos casi diez años desde la adjudicación, podría ser jurídicamente improcedente y derivar en reclamaciones patrimoniales de mayor alcance para el Ayuntamiento.

Una solución para regularizar y cerrar "un problema enquistado"

Ante este escenario, el equipo de gobierno ha optado por "la vía más prudente y jurídicamente segura: la resolución del contrato por mutuo acuerdo, una figura prevista en la legislación patrimonial que permite extinguir la concesión de forma pactada, evitar litigios y poner fin a una situación que se ha prolongado durante casi una década sin resolverse".

Esta solución contempla el reconocimiento de los gastos efectivamente acreditados por la empresa concesionaria, estudios técnicos, proyectos, avales, seguros, cánones y otros costes directamente vinculados a la concesión, sin incluir lucro cesante ni beneficios futuros.

Desde el Ayuntamiento se ha subrayado que esta actuación responde a la obligación de "afrontar con responsabilidad una mala gestión del pasado, regularizar una situación irregular y proteger el interés general frente a escenarios de mayor impacto económico".

El equipo de gobierno insiste en que no actuar habría supuesto "prolongar el problema, mantener la inseguridad jurídica y exponer al Ayuntamiento a consecuencias económicas aún más gravosas", por lo que se ha optado por una solución que permite cerrar definitivamente este expediente y "evitar conflictos judiciales futuros".

Con esta decisión, el Ayuntamiento de Almonte pone fin a un episodio "que se ha arrastrado durante casi diez años" y reafirma su compromiso con "una gestión rigurosa, transparente y responsable del patrimonio municipal, aprendiendo de los errores del pasado para que no vuelvan a repetirse situaciones similares".