El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) ha indicado a través de un comunicado que la Audiencia Provincial de Huelva ha ratificado la sentencia por la que la aseguradora del Consorcio de Bomberos onubense "se ve obligada a indemnizar a los familiares de un siniestro ocurrido en Puebla de Guzmán en el año 2016".

La semana pasada se hizo pública dicha resolución de la Audiencia, donde se obliga al seguro de la institución provincial "a abonar una cuantía económica" daños morales, concretamente de 2.700 euros por la demora en el rescate de un hombre que se había arrojado a un pozo de dicha localidad y que acabó falleciendo.

El gerente del Consorcio de Bomberos, José Antonio Ramírez, enfatiza a Huelva Información que la institución en ningún momento ha formado parte del procedimiento civil, "ni nos hemos personado ni hemos sido citados". Tanto desde el órgano que valoró el asunto en primera instancia como de la Sección Segunda de la Audiencia ahora "únicamente se nos requirieron los datos de la aseguradora y las condiciones de las pólizas de responsabilidad civil".

Dicho fallo reitera, según el SAB, lo que ya estableció un juzgado de lo Penal de Huelva en 2016, donde "por una parte se exculpa a los profesionales que trabajaron en la intervención pero por otra se dicta que dichos trabajadores carecían de los instrumentos necesarios para la realización firme de la intervención desarrollada, en este caso en particular de rescate en pozos".

Denuncias en Inspección de Trabajo y Fiscalía

Según indica el Sindicato Andaluz de Bomberos a través de un comunicado, "por todos son conocidas las insistentes denuncias que vienen realizando (tanto a la sociedad como a las instituciones correspondientes)" los bomberos profesionales del Consorcio de Huelva, en referencia a la "deficiente gestión de medios que se viene realizando en dicho servicio de Bomberos, tales como falta de personal, de protocolos de actuación, de medios" o de formación continuada.

Entre las denuncias que se continúan interponiendo destacan desde la fuerza sindical las "referidas a la falta de personal", con parques donde solo trabajan entre dos y cuatro bomberos por turno: Aracena, Valverde del Camino, Jabugo y Riotinto con solo dos; Almonte, Alosno, Aljaraque y San Juan del Puerto, con tresM y el de Villabanca con cuatro.

El SAB evidencia que en informes nacionales y europeos se estipula que la intervención mínima para cualquier tipo de siniestro se compone de cinco profesionales, "lo que deja al Consorcio de Bomberos en una más que baja deficiencia de profesionales para garantizar la seguridad de los ciudadanos así como la suya propia".

Según la central sindical, en la sentencia también se expone "la falta de materiales básicos, materiales como fue en esa intervención un simple flotador de rescate, esta herramienta se incorporó a las dotaciones de bomberos justo después del fatídico resultado de Puebla".

El gerente del Consorcio, por su parte, explica a este periódico que los bomberos que acudieron a Puebla de Guzmán para realizar aquel servicio "recibieron en principio el aviso de que había una persona ahogada", por lo que salieron del parque con los instrumentos precisos para rescatar un cadáver, y "no para su salvamento". Ya de camino, "se les refirió por parte de Guardia Civil que el hombre estaba vivo". La tardanza en llegar se vio afectada, entre otros, "por el hecho de que el camión no podía acceder a la vivienda por la calle porque había coches aparcados a un lado y el otro de la calzada".

Los trabajadores del Consorcio de Bomberos asumen "conscientemente los riesgos de su profesión", pero "debido a los reiterados incumplimientos que se vienen realizando por esta Administración, estos profesionales se ven obligados a dar el 200 por 100 en cada intervención para poder cumplir con un mínimo de efectividad".