El ex alcalde socialista, procesado de nuevo por un delito de prevaricación

El juez ha ordenado el procesamiento del exalcalde socialista de Bollullos Par del Condado Carlos Sánchez -en la actualidad concejal independiente- por un delito continuado de prevaricación en relación con la adjudicación, en 2006, del servicio de la recogida de basuras a la empresa Cespa. Esta es la tercera causa en la que se ordena el procesamiento de Carlos Sánchez, tras la del caso del Parque Ramos Mantis y el del recinto ferial, estando imputado también por prevaricación y estafa en otro asunto por el derribo de una vivienda para la construcción de una plaza.

Según el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de La Palma del Condado, el juez acuerda la apertura del juicio oral contra Sánchez y los concejales de su equipo de gobierno Rosario Rosado, Davinia Palacios, David Benjumea y Dolores Ramos, por un delito de prevaricación contra el resto de acusados en la adjudicación del contrato de recogida de basuras a Cespa.

El titular del juzgado rechaza sobreseer la causa, tal y como solicitó en tiempo y forma el ministerio fiscal, porque "no concurren los supuestos para ello" y además, requiere el juzgado a todos los acusados una fianza por un importe de 476.647 euros.

La acusación contra el exalcalde y los concejales se basa en que el Ayuntamiento aprobó presuntamente contratar los servicios de la empresa Cespa, por valor de 327.485 euros, a pesar de que el informe del interventor municipal indicaba "la insuficiencia de crédito disponible" para hacer frente al pago de este contrato. Cespa reclama al Ayuntamiento el pago de esa cantidad.

La imputación del alcalde en este caso es consecuencia de una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que en enero de 2011 libró testimonio al juzgado instructor para que incoara diligencias penales contra estas personas a raíz del pleito que la empresa adjudicataria abrió contra el Ayuntamiento por el impago de la totalidad de los servicios prestados en la ciudad, que generaron una deuda, 327.485 euros, tras rechazar el recurso interpuesto por el equipo de Gobierno contra la decisión judicial que daba la razón a Cespa.

Ya en marzo del pasado año, el Juzgado de Instrucción número 3 desestimó el recurso de apelación presentado por Sánchez y los cuatro concejales socialistas, ratificándose así en el auto de 2 de julio de 2012 donde se emplazaba al juicio oral. Ya entonces el titular del juzgado consideraba que las diligencias practicadas revelaban "indicios claros de responsabilidad penal", en virtud de los testimonios y documentos recabados, así como de las investigaciones judiciales que acreditan "el carácter injusto de la resolución administrativa por la que se adjudica un contrato de prestación de servicios públicos sin que exista cobertura presupuestaria alguna".