El alcalde del Cerro desea ser imputado en la denuncia por malversación

El alcalde del Cerro del Andévalo, Juan Manuel Borrero (PP), manifestó ayer su "deseo" de ser "imputado" y de que el juez lleve a trámite la querella por vía penal para poder comparecer "voluntariamente" y entregar toda la documentación que demuestre que "el municipio del Cerro del Andévalo no tiene nada que ver" en el presunto delito de malversación de fondos por el han sido denunciados diez alcaldes de la Mancomunidad del Andévalo de Huelva, entre ellos Borrero, y que ya adelantó ayer este diario.

Borrero indicó que "esta situación es problema del PSOE y su gestión nefasta, de la que nunca ha dado cuenta al Cerro, único Ayuntamiento del PP dentro de la mancomunidad". Asimismo, indicó que desde julio de 2008 no se convoca un pleno ordinario en el que se le puedan dar explicaciones sobre esta "manipulación legal y económica" y añadió que son "muchas" las cartas enviadas a los alcaldes de la mancomunidad para pedir respuestas. "Yo sólo quiero defender los intereses de mi pueblo, visto el nulo caso que se me ha hecho, ya que aquí se impone la ley del silencio. Si el PSOE se ha equivocado, debe reconocerlo y actuar en consecuencia", apuntó.

En este sentido, aseguró que se le deben unos 700.000 euros a la Seguridad Social, unos 900.000 euros al Banco Santander, además de otras deudas, que acumularían más de dos millones de euros.

El secretario de Política municipal del PSOE de Huelva, Manuel Domínguez, explicó ayer por su parte que la deuda de la Mancomunidad del Andévalo Minero "responde sólo a un problema de liquidez ante la difícil situación económica actual" y añadió que el PP "se ha convertido ahora en el cobrador del frac" en su pretensión de "intentar arruinar a ayuntamientos pequeños con el único afán de hacer daño y perjudicar a los socialistas".

El PSOE indicó que "resulta patético y de falta de ética política la postura del PP al alegrarse con esta denuncia, cuando conoce perfectamente los problemas económicos que sufren muchos ayuntamientos, máxime en aquellos municipios menores de 5.000 habitantes, como es el caso de esta comarca". Domínguez aclaró que la deuda que tiene contraída la Mancomunidad del Andévalo Minero responde "única y exclusivamente a un problema de falta de liquidez y que viene motivada por la difícil situación económica que estamos viviendo y que, lógicamente, afecta a las administraciones públicas y, sobre todo, a los ayuntamientos y a las mancomunidades".

Consideró "lamentable" que desde "una gran empresa informática se vaya en contra de ayuntamientos de municipios tan pequeños", cuando, además, según destacó, "los alcaldes jurídicamente no tienen responsabilidad penal a menos que se les acuse de un posible delito de malversación", afirmó.

La denuncia fue presentada el 27 de julio por la empresa malagueña Novasoft Ingeniería en el juzgado de instrucción de Valverde del Camino contra el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Andévalo Minero y los alcaldes de los municipios que conforman dicha mancomunidad, como son Alosno, Cabezas Rubias, Calañas, El Cerro de Andévalo, Paymogo, La Puebla de Guzmán, Santa Bárbara de Casa, Villanueva de las Cruces y las entidades locales autónomas de Tharsis y La Zarza-Perrunal.

El presunto delito por malversación de fondos comenzó a raíz de una subvención recibida en 2007 de 418.823 euros para soporte telemático y servicios de teleasistencia, que, según consta en la denuncia, aún no se ha pagado a los proveedores que resultaron adjudicatarios del contrato.