Los productores de frutos rojos de Lucena del Puerto han comenzado a vender sus tierras de cultivo tras el cierre de los pozos de agua por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Según han informado desde la Asociación de Agricultores del Condado Onubense (AACO) a este periódico, algunos productores cuyas extracciones de agua consideradas ilegales han sido clausurada ya se han desprendido de sus fincas ante la imposibilidad de poder regarlas y la “falta de perspectivas de futuro”.

Las tierras agrícolas en venta han sido adquiridas por otros agricultores que sí disponen de agua, aunque no en cantidad excesiva. En la actualidad los productores de frutos rojos realizan trabajos de acondicionamiento de las superficies de cultivo de cara a la plantación, y a la espera de que llegue el agua prometida. Se trata de suministro superficial para las 318 hectáreas regables en la zona del Condado con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) pero no con agua para su riego.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) consumó el pasado mes de agosto el cierre de pozos agrícolas en Lucena del Puerto. Lo hicieron los técnicos del organismo de cuenca, arropados por un fuerte dispositivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para garantizar el sellado de las extracciones de agua subterránea. En total se han clausurado alrededor de un centenar de sondeos y algunas balsas de riego.

La actuación se enmarca en el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que dictó la clausura de 77 pozos sancionados en terrenos públicos de Lucena, 66 de ellos en El Gago, 4 en Casa Beas y 7 más en el paraje denominado Magín.

318 hectáreas esperan la llegada de 1,6 hectómetros cúbicos de agua de la demarcación del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir

Aunque los regantes se opusieron el cierre de las captaciones mientras que llegara agua superficial, finalmente abandonaron la resistencia ante la acción de las autoridades, tras determinar que los pozos sancionados estaban fuera de suelo agrícola regable determinado por el Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana.

Los agricultores mantienen que las administraciones les permitieron las extracciones de agua subterránea y que incluso tenían contadores que instaló la propia CHG. También que la Junta de Andalucía incentivó los regadíos en el Condado a través de subvenciones para el cultivo y la modernización de fincas.

Tras la clausura de los pozos, los regantes continúan a la espera de que el Ministerio autorice el trasvase de 1,6 hectómetros cúbicos de agua de la demarcación del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir y que les conceda agua en precario, una actuación que contempla la autorización inicial de la transferencia de 4,9 hectómetros aprobada hace ya unos años.

El cierre de las extracciones subterráneas ha dejado a los regantes en una situación que el alcalde de Lucena, Manuel Mora, ha calificado de dramática, por lo que ha solicitado a la Confederación la concesión en precario de agua superficial.

Reunión de dirigentes del PSOE con agricultores de Almonte y Rociana del Condado.

Además, Mora ha arremetido contra el presidente de la CHG, Javier Páez, (del que ha pedido su dimisión y ha calificado de incompetente) al enviar al Ayuntamiento de la localidad multas por la utilización de agua en pozos ilegales, por valor de 432.329 euros, a los que se suman otros 80.093 más en indemnizaciones, cuando se trata de “superficies que están calificadas como suelo agrícola regable”.

El Ayuntamiento lucenero ha cifrado las pérdidas globales por el cierre de los pozos ilegales en unos 6,5 millones de euros y más de 1.300 empleos.

La situación creada con la clausura llevó a los agricultores a anunciar la convocatoria de una manifestación por la demora de agua superficial para las 318 hectáreas regables, que finalmente no han llevado a cabo debido a discrepancia entre varias organizaciones.

Discrepancias

La reunión convocada por la Asociación de Agricultores del Condado Onubense con la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado para abordar la problemática las explotaciones tras el sellado concluyó sin acuerdo entre las partes, por lo que se descartó cualquier acción o movilización conjunta del sector de cara a sus reivindicaciones.

Las discrepancias entre los agricultores ha llevado también a los regantes de Almonte y Rociana agrupados en la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana y la Asociación de Agricultores Campiña Sur a plantearse abandonar la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva si no se atienden sus peticiones.

Éstos consideran que al representar “más del 75 % de la superficie agrícola regable en la zona y que les corresponde la prioridad a la hora del reparto del agua superficial prevista. Los regantes pretenden agilizar la llegada del agua superficial para 318 hectáreas del Condado, la mayoría de ellas en Bonares y Lucena del Puerto.