Un grupo de vecinos del Paseo Marítimo de El Rompido han presentado un escrito en Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva en el que ponen en conocimiento hechos que consideran constitutivos de delito en relación a las obras que hace unos días ha iniciado el Ayuntamiento de Cartaya en dicho espacio, para habilitar en el mismo un pequeño auditorio al aire libre para actuaciones en directo, y el entoldado de parte de dicho paseo, que discurre en paralelo a la orilla del río Piedras.

En dicho escrito, al que ha tenido acceso este periódico y que fue presentado el pasado viernes, 2 de julio, los tres vecinos firmantes indican haber adoptado dicha acción "al haber tenido conocimiento de la posible comisión de un delito contra el medio ambiente, tipificado en el artículo 325 del Código Penal, en concurso con un posible delito de prevaricación del artículo 404".

Por su parte el Ayuntamiento de Cartaya ha indicado a este periódico que la actuación que está realizando en el Paseo Marítimo de El Rompido "se ajusta a la legalidad vigente", así como detalla que los trabajos "cuentan con la autorización de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y de Costas, preceptivas para su inicio, por ubicarse en zona de servidumbre". El Consistorio explica finalmente que el procedimiento "se ha realizado siguiendo los requisitos de la normativa vigente, tanto en materia urbanística como de contratación".

Para los vecinos, el objeto de las obras "impide la continuidad del paso peatonal", lo cual a su juicio "pone de manifiesto la falsedad y la ocultación de información esencial en la justificación de la aprobación del proyecto"; así como, "al realizarse la obra en Zona de Servidumbre de Protección del dominio público marítimo terrestre, el Ayuntamiento solicitó a la Delegación de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía la correspondiente autorización, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas", y en la que "sorprendentemente, tras justificar que estas obras no son autorizables, las autoriza".

Igualmente consideran "la obra a ejecutar contravenía los términos de esta autorización, por cuanto supone la construcción de un graderío en la Zona de Servidumbre de Tránsito, de seis metros de anchura".

También indican que el pasado viernes, 2 de julio, se iniciaron las obras "a pesar de que en la Plataforma de Contratación del Sector Público no se han publicado ni las actas de la Mesa de Contratación, ni la adjudicación del contrato de obra, ni la formalización del contrato, tal y como obliga la ley" y "como una muestra más del oscurantismo que ha presidido todo el proceso, hasta el punto de que hemos solicitado información sobre el expediente de aprobación del proyecto de obra manifestando expresamente hacerlo en aplicación de la Ley de Transparencia y, a día de hoy, aun no nos han contestado, lo que nos obligará a formular la correspondiente reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía". 

Los vecinos acusan como "presuntos autores" de los presuntos hechos delictivos "a la alcaldesa de Cartaya y a los miembros de la Junta de Gobierno Local, que aprobaron las referidas obras, con una posible colaboración o coautoría del delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Huelva".

Por todo ello, también piden que, como medida cautelar y "tras las actuaciones de comprobación que sean necesarias y apreciados indicios de comisión de los delitos denunciados" por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente, se solicite del Juzgado la "paralización inmediata" de las obras.