Unidos contra la procesionaria

Los alcaldes de los municipios afectados se reúnen con Medio Ambiente y la Subdelegación, que desaconseja la fumigación con plaguicidas nocivos

Carlos López Condado

10 de noviembre 2015 - 05:01

La fumigación aérea reclamada por los ayuntamientos contra la procesionaria entraña importantes riesgos para la salud humana. Ésta es la razón que está detrás de la prohibición, por parte de la Unión Europea, de este tipo de plaguicidas, limitado a casos excepcionales que impliquen una emergencia sanitaria.

Descartada esta vía, desde el Ayuntamiento de Hinojos se ofrecía una alternativa biológica: el Bacillus thuringiensis, para sustituir al Diflubenzuron. Este último plaguicida es el que está vetado por la Unión Europea, dado que para combatir la polilla habría que esparcir una disolución mezclada con gasóleo a razón de 0,3 centímetros cúbicos por metro cuadrado. El cóctel literalmente arrasa a los insectos, pero conlleva perjuicios a la flora y la fauna, incluidos los propios humanos, sobre todo en quienes sufren de sensibilidad química múltiple.

Más allá del debate sobre la idoneidad de la receta a aplicar para combatir la polilla, ¿qué institución tiene que decretar esa emergencia sanitaria para desbloquear su aplicación?

Los ayuntamientos socialistas apuntan al Ministerio de Sanidad, mientras que desde la Subdelegación del Gobierno, Enrique Pérez Viguera, trasladó ayer a éstos el Real Decreto 1311/2012 en el que se establece el marco de actuación para el uso de productos fitosanitarios. Fue el propio subdelegado quien recordó ayer que el artículo 27 del Capítulo VI de esta norma se establece que la declaración de una emergencia sanitaria compete a la comunidad autónoma. A la luz de los hechos, manifestó que tanto el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como el de Sanidad han desautorizado la fumigación aérea contra la procesionaria en la localidad de Hinojos por los riesgos que entraña para la salud humana y el medio ambiente; máxime en una comarca que alberga el Parque Nacional de Doñana y en cuyas lindes se explotan importantes zonas agrícolas. Estos argumentos, aseguró, fueron los que motivaron en julio de este año la desautorización del tratamiento aéreo.

Hinojos lideró esta petición impulsada por su alcalde, Miguel Ángel Curiel, e incluso llevó a cabo una recogida de firmas entre la población para reclamar al Gobierno el estado de emergencia sanitaria.

A esa petición se han sumado los municipios socialistas de Almonte y Lucena, y los sevillanos de Villamanrique y Aznalcázar. Sus representantes mantuvieron en el día de ayer una reunión en el Ayuntamiento almonteño para abordar acciones conjuntas con la delegada territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Josefa González y el propio subdelegado.

La alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, calificó de "muy fructífera" la reunión de trabajo que, a su juicio, se gesta "gracias a la movilización de los alcaldes de los municipios afectados", que se ha demostrado decisiva para que "se implique" el Ministerio a través del propio subdelegado, a quien "agradezco especialmente su respuesta a participar en la reunión".

En Almonte, el subdelegado del Gobierno destacó que se está "trabajando en la solución técnica del problema, teniendo en cuenta el avanzado estado del proceso biológico" de los lepidópteros.

Los técnicos aconsejan que lo ideal es atacar a la procesionaria durante el otoño y siempre antes del invierno ya que, a posteriori, estas orugas llevan a cabo su metamorfosis que les proporciona los 500.000 pelos urticantes que el insecto libera al aire.

Mucho más crítico se mostró el alcalde de Hinojos, quien vaticinó que durante el próximo 2016 la población va a sufrir los efectos adversos de esta plaga, puesto que "se están dando las condiciones meteorológicas" para que se incrementar la presencia de la procesionaria. Frente a esta situación reclamó que las administraciones competentes tomen medidas, "ya que los ayuntamientos no vamos hacernos responsables de los problemas de urticarias".

Curiel manifestó sentirse totalmente decepcionado, ya que "son muchos los meses de trabajos para que, ahora, en la última semana en la que se pueden realizar los tratamientos aéreos, el Ministerio otorgue la competencia a la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía".

El regidor de Hinojos recibió la notificación momentos antes de la reunión, en la que se unieron los pueblos de la comarca que sufren el problema de la procesionaria.

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