El portavoz de Unidos por Punta Umbría (UPU) solicitó ayer a la Junta de Andalucía que no autorice la modificación de planeamiento que permitirá la construcción dos torres de 19 plantas en las parcelas de los antiguos depósitos adjudicadas a la empresa Riaumbría Tower SL.

Como explicó ayer a través de un comunicado, UPU ha presentado alegaciones contra el acuerdo plenario en el que se aprobó inicialmente la modificación urbanística que permitirá construir el proyecto conocido como Las Torres, con una altura de 19 plantas cada una en lugar de las cuatro torres de 11 plantas inicialmente ofertadas. Esto, a juicio de la formación, incrementa además el número de viviendas de 172 a 196, 24 más de las ofertadas. El proyecto se ejecutará en las parcelas de los antiguos depósitos de agua y del aparcamiento situado junto a la casa cuartel de la Guardia Civil, en la avenida Ciudad de Huelva.

19Plantas. Es el número de pisos que tendrán cada una de las dos torres del polémico proyecto

Según Hernández Cansino, "el proyecto es ilegal, pues vulnera tanto la Ley de Costas, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA)".

El portavoz de UPU aclaró que el propio arquitecto municipal ha informado de que la propuesta realizada por la adjudicataria "supone anular la permeabilidad visual" y "también supone un apantallamiento respecto a la zona de ciudad jardín colindante, extremo que no se considera aceptable". Asimismo, observa que "el artículo 17.7 de la misma LOUA dispone que en la Zona de Influencia del Litoral se evitará la urbanización continua y las pantallas de edificación", recordó Hernández.

Por otra parte, también denuncia el edil que "el Ayuntamiento no ha sometido el proyecto a evaluación ambiental como exige la Ley GICA a aquellas modificaciones de planeamiento que conlleven urbanizaciones para edificaciones superiores a las 15 plantas en superficie".

En este sentido, agrega que se vulnera "el artículo 75 de la LOUA, por no destinar las parcelas integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo a viviendas de protección oficial u otros usos de interés social, ni el importe de la misma se va a destinar a los usos previstos en el número 2 de ese artículo, según consta en los presupuestos municipales que también han sido impugnados". Hernández Cansino que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya anuló en 2012 la venta del SAPU 52 "por vulnerar la misma normativa, por lo que la alcaldesa es plenamente consciente de su ilegalidad".

Por ello "exigimos al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, que no autorice este proyecto ilegal, especulativo e insostenible, como ya hiciera la propia Junta con el proyecto fallido de los 13 hoteles". A todo agrega que "el proyecto se ha ocultado a los vecinos de la localidad".