visita de los europarlamentarios

La UE decidirá en febrero si insta a parar el almacén de gas en Doñana

  • El jefe de la misión de la Eurocámara al espacio protegido garantiza su voluntad de "echar una mano"

  • La Junta pide a la delegación un pronunciamiento "inequívoco" en contra del proyecto

El europarlamentario Pal Csaky ofrece declaraciones a los medios de comunicación en presencia del consejero José Fiscal. El europarlamentario Pal Csaky ofrece declaraciones a los medios de comunicación en presencia del consejero José Fiscal.

El europarlamentario Pal Csaky ofrece declaraciones a los medios de comunicación en presencia del consejero José Fiscal. / pascual

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El Parlamento Europeo decidirá en febrero si pide al Gobierno español que paralice el almacén de gas natural proyectado por Naturgy en el entorno de Doñana. Lo hará a partir de un informe elaborado con los datos recopilados en la visita que una delegación de la Eurocámara comenzó ayer para conocer la situación general del espacio protegido, sobre todo por la mencionada instalación industrial y la situación de los acuíferos que surten al parque natural.

En menos de seis meses la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo deberá votar un informe que estará elaborado, como muy tarde, en noviembre. El responsable de redactarlo es Pal Csaky, el parlamentario eslovaco del Partido Popular Europeo que dirige la misión enviada por Bruselas el pasado mes de marzo. Lo acompañan el diputado socialdemócrata griego Miltiadis Kyrkos y el austriaco Thomas Waitz, de los verdes.

Lo que diga el Parlamento Europeo no es vinculante, pero sí importante

"Queremos entender la situación y echar una mano", aseguró Csaky después de reunirse con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, que confía en que el posicionamiento de la Eurocámara esté alineado con el de la Junta: que el proyecto impulsado por Naturgy en el entorno de Doñana quede paralizado.

La petición de la Junta al Gobierno, antes de la moción de censura, era clara: hay que analizar el impacto ambiental de la instalación industrial de forma completa y no en los cuatro proyectos separados que presentó, en su momento, Gas Natural. Gracias a esa división la instalación Marismas Occidental -una de las cuatro fases- recibió la Declaración de Impacto Ambiental del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y también la Autorización Ambiental Unificada.

La Administración autonómica llegó incluso a plantear una reclamación judicial al Gobierno de Mariano Rajoy, pero la idea decayó cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa y Teresa Ribera se convirtió en ministra de Transición Ecológica. "Tenemos la misma visión", zanjó Fiscal antes de explicar que, actualmente, tanto la Junta como el Ejecutivo nacional estudian cuáles son los pasos jurídicos a seguir para poder paralizar el proyecto.

Lo que diga el Parlamento Europeo no es vinculante, pero sí importante. Lo reconoció ayer Marina Albiol, portavoz de IU en la Cámara de Bruselas. Ella no forma parte de la misión, pero estuvo ayer acompañando a Antonio Maíllo, que participó en la reunión que la misión de eurodiputados tuvo con los responsables de las quejas que han motivado la visita al espacio natural.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, indicó a los periodistas que, tras remitir una carta a la comisión pidiendo que se produjera esta visita, la administración regional ha explicado a la delegación europea los pormenores de cada una de estas cuestiones, así como las actuaciones que la Junta lleva a cabo.

Fiscal fue taxativo al asegurar que ha solicitado "abiertamente" del Parlamento Europeo un pronunciamiento "inequívoco" en contra del gasoducto. "Mientras estemos aquí tendremos las herramientas suficientes como para que el proyecto no atraviese ni un metro de Doñana, que no se toca; he pedido que el Europarlamento se sume a la opinión prácticamente unánime de la sociedad andaluza". "La impresión no ha sido mala", apuntó.

No ha sido la cuestión del gas la única con la que el Ejecutivo autonómico se ha mostrado firme. En relación a la agricultura, ha explicado a los europarlamentarios que "para nosotros es un pilar fundamental en el entorno de Doñana", si bien se apuesta por una actividad "racional, legal y sostenible".

"Los esfuerzos de la administración desde que se aprobó el Plan de Ordenación de Regadíos de la Zona Norte de la Corona Forestal comienzan a dar frutos", aseguró el titular andaluz de Medio Ambiente, que, con todo, admite que "probablemente podamos ir más rápidos". Ha agregado que "con la agricultura ilegal seremos inflexibles, pero la legal, afortunadamente, es inmensamente mayor".

Fiscal también recordó la creación de una comisión Gobierno-Junta, que se reunirá en unas dos semanas, para analizar jurídicamente el proyecto de gas, toda vez que la visión ambiental que ostenta el actual Ministerio para la Transición Ecológica "es la misma que la nuestra: ambientalmente entendemos que no es sostenible, pero hay un ordenamiento jurídico que cumplir y lo haremos con la máxima seguridad jurídica".

La delegación de la Eurocámara se reunió ayer con el coordinador general de IU, pero también con el biólogo Javier Castroviejo, responsable de la queja más antigua registrada en Bruselas sobre Doñana. Data de 2009 y esta misión de investigación es resultado de su reclamación, a la que después se sumaron la federación de izquierdas, Mesa de la Ría y la plataforma Salvemos Doñana. Representantes de las tres organizaciones se reunieron ayer en Sevilla con los eurodiputados, así como los ecologistas de WWF y Ecologistas en Acción. La jornada finalizó con un encuentro con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu.

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