palos de la frontera

El Tribunal Supremo investiga al alcalde por delitos de prevaricación y malversación

  • Un concejal denuncia que Romero oculta información sobre la contratación municipal

Carmelo Romero, primer edil de Palos. Carmelo Romero, primer edil de Palos.

Carmelo Romero, primer edil de Palos. / h. información

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto diligencias de investigación contra el alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, por presuntos delitos de prevaricación y malversación tras no facilitar información sobre la contratación de personal en varias dependencias del Ayuntamiento.

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huelva ha trasladado a la del Supremo las diligencias por tratarse el investigado de una persona aforada, ya que el regidor palermo es diputado nacional en el Congreso.

Supuestamente, la contratación se realizó de forma arbitraria al no existir los expedientes

La apertura de diligencias llegan tras la denuncia presentada por el concejal de APIN, Cristóbal Rojas, después de solicitar información sobre la contratación en el Ayuntamiento y no recibirla.

En concreto se denuncia que durante el periodo 2011-2015, el alcalde habría realizado contratos de trabajo de carácter temporal a diversas personas como personal adscrito a distintos departamentos municipales "careciendo por completo de cualquier expediente previo de contratación", hechos que podrían constituir un delito de prevaricación.

Los departamentos y entidades afectados por las contrataciones son el Servicio de Tesorería, Servicios Sociales, Servicios de Aguas, departamento de personal, la residencia de ancianos Juan Pablo II y polideportivo municipal.

El denunciante asegura que, en el ejercicio de sus funciones como concejal, solicitó de forma reiterada el acceso a los expedientes de contratación del personal laboral en los departamentos y entidades señalados con anterioridad mediante escritos dirigidos al alcalde, sin que accediera a sus peticiones.

Esto motivó que Rojas presentara una demanda por lo contencioso-administrativo, sobre la que se dictó sentencia, en la que considera los hechos probados y que no se le había facilitado la información requerida de forma reiterada al regidor. Además, que sí se le había proporcionado una documentación pero que no se correspondía con los expedientes de contratación solicitados.

Tras dicha sentencia, el Ayuntamiento continuó sin permitir el acceso al denunciante a los expedientes, "simplemente porque no existen", de lo que se deduce que la contratación se realizó de forma arbitraria. El propio alcalde "vino a manifestar" que no había expedientes de contratación, según Rojas.

Tampoco tuvo acceso, señala, a los documentos de contratación correspondientes a unas facturas de un empresario de la localidad palerma.

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