Trabajadores de Costa Esuri demandarán a Martinsa-Fadesa

En torno a un centenar de trabajadores subcontratados por 'Codesur' y 'Montesur Fomento de Obras' para trabajar en la urbanización Costa Esuri, de Ayamonte, propiedad de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, que solicitó el pasado lunes el concurso voluntario de acreedores (suspensión de pagos) ante las "dificultades de financiación" del sector, decidió ayer demandar a la empresa por los despidos efectuados.

Según explicó a Europa Press el secretario general de Construcción, Metales y Afines de UGT-Huelva, Sebastián Donaire, en los próximos días se espera que esta cifra "vaya en aumento", ya que este proyecto urbanístico acogía a casi 1.500 trabajadores, un 40% menos de los empleos que generó en su inicio.

Además, Donaire explicó que un delegado del comité de empresa "está en Madrid para poder conocer los detalles del ERE y los trabajadores afectados" y, por su parte, el secretario general de Construcción y Madera de CCOO-Huelva, José María Cáceres, anunció que el sindicato iniciará una ronda de consultas para asesorar a los trabajadores y negociará el ERE.

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ayamonte, Alberto Fernández, reconoció hoy que "esta situación ya se esperaba porque los pequeños empresarios que estaban empleados en la urbanización estaban empezando a tener problemas para cobrar" y apuntó que la paralización de la construcción de unas 8.000 viviendas -que duplicarían la población de la localidad hasta llegar a los 40.000 habitantes- "da lugar a un periodo de incertidumbre en el municipio porque no se sabe qué va a ocurrir ya que las expectativas económicas de crecimiento de la localidad para los próximos años estaban puestas en Costa Esuri".

Además, el edil aseguró que "el 40% de la construcción a nivel provincial en los últimos años se ha producido en Ayamonte, por lo que el parón es importante para la localidad" y reconoció que "en el municipio sólo se habla hoy de en qué se va a basar la economía del núcleo urbano, al que ha azotado la crisis de la construcción" y ha llevado a que 5.000 viviendas de Costa Esuri "se hayan quedado sin construir".

Desde Izquierda Unida, su portavoz en Ayamonte, Rafael García Camacho, señaló que desde el momento en que se conoció la situación de la inmobiliaria, "el desconcierto y el temor" se adueño tanto de los trabajadores como de los vecinos de la zona por los efectos que va a tener en Ayamonte. "IU siempre ha dicho que es un proyecto desmesurado, un pelotazo urbanístico que puede hacer saltar cohetes y que no tuvo visos de futuro". A estas alturas, agregó, se ha construido el 40% del proyecto y se trata de "una ciudad fantasma".

La inmobiliaria reconoció al inicio del proyecto que Costa Esuri "es el mayor proyecto inmobiliario hasta la fecha, tanto por volumen como por inversión" de Martinsa Fadesa, "uno de los más importantes desarrollos residenciales de toda la costa andaluza". Estaba planteado para albergar chalets adosados, apartamentos y viviendas en Pueblo Mediterráneo, además de un importante ámbito residencial de viviendas de diferentes tipologías, dos campos de golf de 18 hoyos, tres hoteles de lujo y amplias zonas comerciales y de ocio.

El pasado viernes tuvo lugar además la inauguración del centro comercial Costa Esuri donde la empresa anunció que estaba prevista la construcción en este enclave del mayor puerto deportivo de Andalucía y el Ayuntamiento firmó un convenio de colaboración con la entidad para hacer accesibles las viviendas a los más jóvenes y permitía que 47 casas en urbanizaciones de lujo pudieran ser adquiridas por jóvenes menores de 35 años que no tuvieran vivienda en propiedad y con un salario al menos dos veces y media superior al índice público de renta para efectos múltiples.

El anuncio de la suspensión de pagos se registra además un día antes de que la inmobiliaria cuantificara a los representantes de sus trabajadores el ajuste de plantilla que tiene previsto ejecutar para adaptarla a las nuevas condiciones del mercado. Según indicaron fuentes sindicales el eventual recorte podría afectar a unos 300 trabajadores.

La compañía cuenta con una plantilla de 880 trabajadores y dispone de un patrimonio inmobiliario valorado en 10.804 millones de euros, según una tasación independiente.