Trabajadores Cepsa Química protestan por una reorganización a costa de seguridad

Fuentes de la empresa aseguran que la reorganización del servicio de mantenimiento eléctrico "no supone ninguna merma en la seguridad de las instalaciones".

Trabajadores de Cepsa Química, empresa ubicada en Palos de la Frontera (Huelva), se han concentrado este mediodía a las puertas de la factoría para reclamar por una reorganización de la plantilla que, elimina el turno eléctrico y "afecta a la seguridad de las propias instalaciones y empleados".

Fuentes de Cepsa Química han explicado que la reorganización del servicio de mantenimiento eléctrico que se ha ejecutado "no supone ninguna merma en la seguridad de las instalaciones". Asimismo, han indicado que no se trata de una decisión que se haya adoptado "a la ligera" ya que el análisis y estudio de la nueva organización se ha llevado a cabo desde hace algo más de un año, suponiendo el nuevo esquema "un aumento de la supervisión y del soporte técnico".

Según ha indicado el presidente del comité de empresa, Antonio Bayo, la justificación de la protesta se encuentra en la eliminación del turno eléctrico en la factoría, que pasará de tener personal las 24 horas a 8 horas, completándose el tiempo con una guardia de los trabajadores desde sus domicilios.

En opinión del comité, "la no existencia inmediata de personal eléctrico afectaría directamente a la seguridad de las personas y las instalaciones por la alta peligrosidad de los productos implicados en esta industria", sobre todo hidroperóxido de cumeno (CHP), con una velocidad de reacción exponencial, siendo requerida una atención inmediata y constante disposición de medios de control, vinculados al suministro eléctrico ejercida hasta ahora por un especialista eléctrico".

La eliminación del turno supone "una merma de seguridad" puesto que se reducen los medios aplicados a posibles riesgos, sin que a cambio se implanten ningún tipo de medidas, y "es un riesgo no asumible por la compañía".

El comité se ha puesto en contacto con la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y la Delegación de Empleo para que "se impliquen en una solución responsable", sin que por el momento se hayan posicionado; y ha puesto los hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo.

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