El TSJA considera legal el desalojo del camping Catapún en 2004
La sentencia de Contencioso Administrativo cierra el proceso al declarar que "no cabe recurso" · El alcalde ordenó demoler la instalación mediante decreto
El TSJA considera que el Ayuntamiento de Cartaya actuó conforme al ordenamiento jurídico en el desalojo del camping Catapún en 2004 y desestima el recurso de apelación interpuesto por los usuarios de dicha instalación en el que pedían su reposición en su ubicación original.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aclara que "no cabe recurso alguno" contra esta resolución, cerrando de forma definitiva el proceso contencioso iniciado por los campistas a raíz de la actuación municipal. La sentencia está fechada el 6 de abril.
El proceso comenzó en marzo de 2004, cuando el Ayuntamiento, en ejecución del auto del Juzgado de los Contencioso Administrativo número 1 de Huelva, procedió al desalojo de las instalaciones del camping Catapún, ubicado en el pinar cartayero, en una zona de monte público situada junto a la playa de San Miguel.
El desalojo tuvo lugar el 16 de marzo y, entonces, la Asociación Socio cultural Flecha del Rompido, que agrupa a los campistas, presentó un recurso ante el TSJA solicitando la nulidad del auto judicial que, con fecha 1 de marzo de 2004, autorizaba al Ayuntamiento la entrada en las instalaciones "para el cierre, demolición y desalojo del camping y los campistas" y, por consiguiente, ratificando el decreto municipal de cierre.
En noviembre de 2008 el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Huelva desestimó el recurso presentado por los campistas solicitando la reposición del camping a su estado primitivo, recurso en el que se determinó que la actuación del Ayuntamiento fue "conforme al ordenamiento jurídico".
A pesar de ello, los campistas interpusieron un recurso de apelación ante el alto tribunal andaluz que en su sentencia de fecha 6 de abril de 2011, desestima el recurso y da nuevamente la razón al Ayuntamiento cartayero, dando por concluido el proceso.
Paralelamente al desarrollo del proceso contencioso, algunos campistas incluso presentaron una denuncia penal en el Juzgado de Ayamonte, que fue sobreseída y archivada.
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