La providencia de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo es inapelable: el Ayuntamiento de Almonte es el propietario definitivo del campo de golf Dunas de Doñana de Matalascañas.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por el Consistorio almonteño contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que dictamina que la compra de las instalaciones deportivas se ajustan a Derecho.

El litigio de seis años de duración concluye porque no caben más recursos

Con esta providencia concluye un periplo judicial que se inició después de que en 2009 el Ayuntamiento almonteño adquiriese el campo de gol, tasado en 7,5 millones de euros, de los cuales debían abonarse 4 millones en 14 parcelas en el Rocío en la calle Santa Olalla.

El equipo de gobierno socialista, con el alcalde Francisco Bella a la cabeza, justificó entonces la compra para evitar el cierre de unas instalaciones que atravesaban por graves dificultades económicas, así como por el atractivo que esa infraestructura supone para la playa.

En principio, el Consistorio no pretendía ser propietario del campo de golf indefinidamente, sino gestionarlo con un nuevo equipo de dirección y después si fuese posible darle el relevo a algún grupo empresarial.

No lo veía así el PP (en la oposición), que entendía que la operación de compra era "un timo" y que tenía como único objetivo salvar al exacalde, Juan Antonio Castellano, socio mayoritario de la empresa que venía explotando las instalaciones.

Tal fue así que durante la legislatura en la que los populares fueron gestores del Ayuntamiento (2011/2015), con José Antonio Domínguez como alcalde, un acuerdo plenario anulaba el del 8 de abril de 2009 con el gobierno socialista, que aprobaba la compra. La adquisición fue denunciada por la vía penal por el PP esa legislatura.

Así, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Huelva ratificó después (marzo de 2016) el Pleno del Ayuntamiento de 31 de enero de 2014 que anulaba la compra por parte del Consistorio de las participaciones de la empresa propietaria del campo de golf por los 7,5 millones de euros.

El juez daba la razón al equipo de gobierno del PP que acordó la nulidad del procedimiento, al considerar que la actuación de los socialistas fue contraria a derecho, al infringir de manera directa y frontal la normativa de aplicación en operaciones de este tipo.

El Ayuntamiento almonteño "adquirió el 100% de las participaciones de la sociedad Exclusivas Doñana, mediante procedimiento negociado sin publicidad debido a la singularidad y especificidad técnica de los bienes adquiridos y verificado el cumplimiento de los trámites legales establecidos en la normativa vigente", esgrimía el juzgado, que advertía además del carácter netamente perjudicial para el interés público de la adquisición. En este contexto el equipo de gobierno del PP decidió alquilar por un euro el campo de golf a un empresario.

En abril de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía avaló la compra de las instalaciones llevada a efecto en 2009 por el equipo de gobierno del PSOE, al considerar que la actuación es ajustada a Derecho.

El TSJA estimó el recurso presentado por los exediles socialistas en el Consistorio contra la resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo que anulaba la compra de las instalaciones deportivas.

El Tribunal argumentó que la adquisición de la infraestructura deportiva de 54 hectáreas se ajustó a Derecho y que la compra de las participaciones sociales no alteró el carácter inmobiliario de la operación. Además, argumentó que las parcelas de El Rocío estaban destinadas a la enajenación pública "sin haber sido objeto de adjudicación en varias licitaciones, al encontrarse tasadas por un precio "superior al de mercado".

El Contencioso Administrativo entiende que al ser el único campo de golf existente en el municipio de Almonte, estaría justificado prescindir de la licitación pública, al cumplir con su adquisición el objetivo de prestar "un servicio público de competencia municipal".

El TSJA reconoció que "esto no significa que no concurrieran algunas irregularidades, que el propio informe del secretario general reconoce, sino que no puede sostenerse que el acuerdo del Pleno de abril de 2009 (en el que se aprobó la operación) fuese dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". Todo ello ha sido ratificado por el Tribunal Supremo.

Con todo este litigio durante años, finalmente la adquisición del campo de golf le va salir al Ayuntamiento por más de 12 millones de euros, en vez de los 7,5 por los que se hizo la operación de compra venta. Así lo indicó a este periódico el teniente de alcalde y concejal de Turismo, Desarrollo Local, Desarrollo Industrial y de Matalascañas, Miguel Espina, que lamenta todo lo ocurrido.

Según Espina, ahora los vecinos tendrán que pagar "el despropósito de PP e IU, empeñados sólo en actuar contra el PSOE sin tener en cuenta las consecuencias para el municipio".

El concejal detalló que el Ayuntamiento deberá abonar más de 2,5 millones de euros en concepto de intereses de demora que reclaman los vendedores después de tanto años de pleitos y recursos.

A esta cantidad hay que sumar, explicó, otras en distintos conceptos como las costas de los procesos judiciales y deudas a la seguridad e impagos a los trabajadores, así como por el inquilino del campo de golf.

Espina aseguró que los vendedores se habían mostrado dispuestos a realizar quitas no solo en los intereses sino también en el capital si no se presentaban más recursos, pero PP e IU "no lo han permitido y ahora tendremos que asumir el coste". Finalmente, el campo de golf pertenece al Ayuntamiento pero permanece cerrado con un inquilino dentro.